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Redacción 

Boston – Aún no está nada claro. Expertos en salud dicen que no se sabe cómo va a afectar a Massachusetts la derogatoria de la histórica reforma de salud del presidente Obama conocida como Obamacare. Ya se dio el primer paso con el aval de la Cámara de Representantes que aprobó el proyecto de ley impulsado por el Presidente Trump para reemplazar el actual sistema de salud.

Los expertos señalan que Massachusetts está mejor posicionado para soportar los cambios que muchos otros estados porque “Massachusetts ha tenido su propia versión de cobertura universal de atención de salud desde el 2006 cuando el entonces-Gobernador Mitt Romney la aprobó y se convirtió en la base de la ley nacional de Obama”.

Sin embargo, Massachusetts ha tenido que hacer cambios significativos para cumplir con la ley nacional, y millones de dólares de fondos federales están en juego si se deroga.

Va a haber mucha incertidumbre”, dijo Lora Pellegrini, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Planes de Salud de Massachusetts. “Todavía tenemos la ley del estado, pero lo que no se sabe es ¿cómo se va a financiar?” 

La atención de salud, además de ser un obstáculo para el presupuesto en Massachusetts, es una de las áreas en las que los gobiernos estatales y federales están más estrechamente entrelazados.

Medicaid, seguro de salud para personas de escasos recursos, y Medicare, seguro para los adultos mayores, son programas conjuntos federales y estatales. MassHealth, el programa estatal de Medicaid, cuesta aproximadamente $15 mil millones, de los cuales alrededor de $9 mil millones son pagados por el gobierno federal. Massachusetts reestructurará MassHealth en un acuerdo de cinco años, de $ 52.4 mil millones.

No más cobertura obligatoria 

En Estados Unidos, el seguro de salud es básicamente privado. Alrededor de la mitad de los estadounidenses tienen cobertura a través de sus empleadores, a menudo a un costo razonable, según la Kaiser Family Foundation.

Cerca de un tercio de los estadounidenses están cubiertos por los planes gubernamentales, ya sea a través de Medicare para aquellos mayores de 65 años, o Medicaid para personas de bajos recursos.

El resto tiene que arreglárselas por su cuenta: compran seguros o no tienen cobertura, pagando en efectivo por sus gastos médicos. Los costos para estos grupos pueden ser muy altos.

Bajo las reformas de Barack Obama, las personas debían obtener un seguro de salud o pagar una multa. Se esperaba que obligar a personas jóvenes y saludables a comprar cobertura ayudaría a pagar los costos médicos para los estadounidenses más pobres, mayores y enfermos.

El proyecto de ley impulsado por los republicanos desecha esas condiciones en favor de un sistema de créditos fiscales destinado a ayudar a las personas a comprar seguros de salud en el mercado abierto.

Pero los demócratas advierten que esos créditos son en promedio menores que los subsidios incorporados en las primas del Obamacare, especialmente para los estadounidenses mayores que aún no son elegibles para el Medicare.

El nuevo plan dejaría a 14 millones sin cobertura 

A pesar de los pedidos republicanos durante la campaña electoral del año pasado para acabar completamente con el Obamacare, el proyecto sustituto pretende mantener dos disposiciones muy populares.

Una es la que permite a los dependientes permanecer en el plan de seguro de sus padres hasta los 26 años de edad; la otra impide que las compañías de seguros nieguen la cobertura a cualquier persona debido a una condición preexistente, aunque algunos analistas han expresado preocupación de que las reformas propuestas para proteger a esos pacientes serían inadecuadas.

Las personas sin seguro no serían multadas bajo el nuevo plan, que ya no obligaría a la cobertura individual.

El liderazgo del partido Republicano convenció a varios escépticos con una enmienda que agrega 8.000 millones de dólares por cinco años para ayudar a cubrir los costos de seguros para las personas con condiciones preexistentes.

Sin embargo, expertos en salud indican que con el nuevo plan de Trump 14 millones de personas se quedarían sin cobertura de salud, entre ellos cuatro millones de hispanos.

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