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Agencia EFE

Activistas y expertos legales analizaron el viernes el impacto del aumento de las redadas y las deportaciones que, en su opinión, se basan en decisiones políticas injustificadas y en el mal humor del presidente Donald Trump. El Gobierno, según dijeron, prepara una “trampa perfecta” para despojar a los indocumentados de toda protección y acelerar las deportaciones, en lo que denominaron “guerra contra los inmigrantes”.

La guerra la encabeza el Procurador General Jeff Sessions, quien busca “maximizar las deportaciones” sin que sea necesario cumplir con el debido proceso de las personas en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), declaró Tom Jawetz, vicepresidente de política migratoria del Centro para el Progreso Americano.

Según afirmó Jawetz en una conferencia de prensa telefónica, Sessions impuso cuotas a los jueces de Inmigración para que aceleren su trabajo, cierren los casos más rápido y hasta nieguen el derecho a una audiencia a quienes solicitan asilo, además de poner fin al Programa de Orientación Legal (LOP, en inglés), que informa a los inmigrantes sobre sus derechos.

“Una trampa perfecta para maximizar las deportaciones”, expresó Jawetz y destacó además “la crisis que inventó el presidente en la frontera con fines políticos” para enviar efectivos de la Guardia Nacional.

“Tenemos que prepararnos para algo que va a empeorar en los próximos meses”, agregó, sin ofrecer detalles

Trump dijo que quería mandar entre 2,000 y 4,000 efectivos a proteger la frontera de la inmigración indocumentada, pero la ley prohíbe usar a los militares para tareas de seguridad y orden público a nivel nacional, por lo que la Guardia Nacional tendrá un papel limitado y no podrá dedicarse a detener inmigrantes.

David Leopold, expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, señaló por su parte que un seguimiento de los tuits diarios del presidente “permite evaluar su mal humor, que influye muchas veces en decisiones políticas injustificadas del Gobierno en su guerra contra los inmigrantes”.

En su opinión, esa guerra aumenta todos los días con la militarización de la frontera, la detención de mujeres inmigrantes embarazadas y “la falta de cualquier tipo de compasión humana” de parte de ICE o de la Patrulla Fronteriza.

“ICE arresta y deporta a personas con familias y profundos lazos comunitarios, incluyendo a quienes tienen hijos ciudadanos (estadounidenses)”, señaló.

Stephanie Teatro, directora de la Coalición de Tennessee para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, se refirió a la reciente redada de Inmigración en una planta procesadora de carnes del sur del estado, donde hubo 97 detenidos.

“El despliegue fue impresionante, con helicópteros, agentes que bloquearon calles y puertas, y acorralaron a los trabajadores sin dar explicaciones”, dijo.

La activista estimó que fue el operativo de su tipo más grande desde la Administración Bush, que ha provocado un desastre psicológico difícil de estimar, “en una comunidad que tiene miedo y se pregunta quién será el próximo en caer”.

Teatro señaló que es difícil imaginar los motivos políticos para “tal ensañamiento”, porque Trump ganó las elecciones en ese estado con una ventaja de hasta 4-1 en algunos condados.

Heidi Altman, directora de política del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante, advirtió por su parte sobre lo que llama las “cajas negras” de los más de 200 centros de detención que tiene ICE en todo el país, entre cárceles de condados y privadas.

Con la eliminación a partir del primero de mayo del Programa de Orientación Legal, para informar a los inmigrantes sobre sus derechos antes de comparecer ante un juez de Inmigración, “se destruye una red de protección que durante años ha salvado a mucha gente”, sostuvo.

Este programa, establecido en 2003, funciona con la colaboración de más de una decena de organizaciones sin fines de lucro, y según la asignación de recursos del Congreso contaría con fondos para funcionar en el año fiscal 2018.

Sin la protección del LOP, que el año pasado ofreció talleres informativos a 53,000 inmigrantes en proceso de deportación, las cárceles de Inmigración “se convierten en cajas negras, donde ocurren deportaciones sin testigos y en total oscuridad”, afirmó Altman.