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Comité de Abogados a favor de los Derechos Civiles y la Justicia Económica presentó la demanda en el Tribunal Federal del Distrito de Boston en nombre de ocho inmigrantes inscritos en el programa de Estatus de Protección Temporal, entre ellos un salvadoreño que es propietario de cuatro restaurantes, y un haitiano de 19 años, estudiante universitario.

Juan Carlos Vidal es la cara de los inmigrantes salvadoreños con TPS que ha logrado salir adelante y abrir cuatro restaurantes.

Boston – Trump demandado. “Me siento agredido, discriminado porque yo contribuyo a la economía de la nación”, dice Juan Carlos Vidal, la cara de los inmigrantes salvadoreños que con el TPS ha logrado salir adelante, acariciar el “sueño americano” y abrir cuatro restaurantes en Boston. “Yo quiero preservar el TPS para mi y mi familia, pero el presidente Trump no respeta ni valora mis contribuciones”, sostiene Vidal, uno de los ocho inmigrantes con el Estatus de Protección Temporal que salió a la luz pública para hablar sin temor y unirse a la demanda que ha sido presentada contra el presidente Trump por su decisión de eliminar el TPS basado en el racismo y la discriminación.

Beneficiario del TPS desde el 2001, Vidal de 35 años de edad cuenta que desde que emigró de su país trabajó sin descanso para un mejor futuro para su familia. “Comencé como asistente de cocina hasta llegar a chef para luego abrir mi propio restaurante en la zona de Boston”, dice. Ahora ya tiene cuatro restaurantes propios en los que le da trabajo a más de 20 ciudadanos estadounidenses.

“Si se deroga el TPS, inmigrantes como Vidal podrían perderlo todo, sus viviendas, sus negocios, sus familias, el dinero que han invertido en sus comunidades”, señala Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, organización que se unió a Lawyers’ Committee for Civil Rights and Economic Justice (Comité Legal a favor de los Derechos Civiles y la Justicia Económica) para presentar la demanda en nombre de 8 inmigrantes salvadoreños y haitianos que viven protegidos temporalmente de la deportación.

La decisión del presidente Trump de eliminar el TPS afecta a más de 200,000 salvadoreños que comenzaron a venir a Estados Unidos a partir del 2001 como consecuencia de dos terremotos que causaron grandes daños al país centroamericano y a unos 60,000 haitianos que emigraron por el devastador terremoto del 2010.

Las manifestaciones en favor del TPS se repiten a diario.

Es una decisión racista

“Todos conocen bien la intolerancia racista que ha caracterizado las políticas de inmigración del gobierno de Trump. Todos hemos escuchado reportes del presidente Trump refiriéndose a Haití y otras naciones beneficiarias del TPS como países ‘de mierda’. También hemos escuchado reportes del presidente Trump expresando preferencias por inmigrantes de Noruega, un país predominantemente blanco. Y hemos escuchado innumerables declaraciones despectivas del presidente Trump sobre los inmigrantes hispanos, a quienes ha llamado violadores y delincuentes”.

“Son muchos los ejemplos de racismo y discriminación que hay en las decisiones del gobierno de Trump”, apunta Oren Nimni, uno de los abogados que representa a los demandantes.

De acuerdo a las autoridades de inmigración, los salvadoreños tienen plazo hasta el 9 de septiembre del 2019 para salir de los Estados Unidos o serán deportados. En el caso de los haitianos se les exige abandoner o ajustar su estatus legal hasta antes del 22 de julio del próximo año. Los nicaraguenses tienen hasta el 4 de enero próximo y los hondureños aún están a la espera de una decisión.

La demanda que ha sid0 presentada en el Tribunal Federal del Distrito de Boston busca impedir que la administración termine con el estatus de protección temporal para miles de inmigrantes de El Salvador y Haiti.

“Estamos haciendo muchos esfuerzos para poder luchar y proteger los derechos de estas personas que tienen el Estatus de Proteccion Temporal, y algunas que lo han perdido”, dijo Montes a Univisión en un reportaje. “Aún no sabemos cuál va a ser el resultado de la querella, pero lo más importante es que es producto de un esfuerzo comunitario junto a abogados y progresistas”.

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