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Otro atentado contra la comunidad inmigrante

Alarma en la comunidad inmigrante, pero piden no entrar en pánico. Cuatro organizaciones que forman parte de la campaña nacional para proteger a las familias inmigrantes han elevado su voz para oponerse a cualquier cambio de la definición de “carga pública” que perjudique a las familias inmigrantes.

“Hemos estado trabajando con miembros de la coalición, legisladores y aliados para crear conciencia sobre el impacto potencialmente devastador de la propuesta de regulación del presidente Trump que busca penalizar a los inmigrantes legales por acceder a programas que ayudan a las familias trabajadores con cuidado de la salud, vivienda y nutrición o por tener trabajos que pagan salarios bajos”, dicen.

La propuesta de Trump es otro atentado contra la comunidad inmigrante porque busca despojar a las familias de bajos recursos de atención médica, comida y vivienda.

El borrador de las reglamentaciones ampliaría la definición de “carga pública” por lo que si una familia depende de los beneficios del gobierno se le puede negar la residencia permanente.

La propuesta incluye no solo a las personas que reciben beneficios en efectivo o que necesitan cuidados a largo plazo, sino también a aquellos que participan en numerosos programas de ayuda social utilizados por millones de estadounidenses trabajadores. El plan de Trump también haría más fácil negar la residencia permanente a cualquier persona que gane menos del 250% del umbral de la pobreza federal (62,750 para una familia de cuatro).

Impacto sería terrible

La voz de alerta la dieron Eva Millona, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts (MIRA); Georgia Katsoulomitis, directora ejecutiva del Massachusetts Law Reform Institute (MLRI), Amy Rosenthal, directora ejecutiva, Atención médica para todos (HCFA) y Matt Selig, director ejecutivo de Health Law Advocates (HLA).

“Vamos a luchar para que esta propuesta nunca se adopte”, asegura Millona en una reunión informativa para medios étnicos en las oficinas de Health Care For All, en Boston, en la que los representantes de las cuatro organizaciones expresaron su oposición a los cambios de la definición de “carga pública”.

Los expertos en la sesión resumieron los elementos claves de la propuesta y de lo que está en juego. “El impacto sería terrible para nuestra comunidad inmigrante”, anota Millona.

La administración de Trump lleva intentando redefinir lo que es “carga pública” durante más de un año y varias propuestas se filtraron a los medios. A medida que las noticias se extendieron a través de las comunidades inmigrantes, los defensores, educadores y proveedores de servicios sociales y de cuidado de la salud comenzaron a ver que las familias estaban cancelando los programas. De hecho, los inmigrantes en áreas afectadas por el huracán Florence han evitado supuestamente utilizar albergues y programas de ayuda por temor a ser etiquetados como “cargas públicas”.

“Negar el acceso a las necesidades básicas o forzar a una familia a elegir entre recibir atención médica a obtener una tarjeta verde es inconcebible. Esto no es lo que hacen las grandes naciones. Vamos a trabajar con nuestros aliados para proteger los derechos de nuestras familias inmigrantes y mitigar los daños a nuestra comunidad que resultara de este destructivo cambio de política”, anota Georgia Katsoulomitis.

¿Qué dice el borrador?

El borrador de la regla emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos exime específicamente los albergues y la asistencia de emergencia y, lo que es más importante, excluye los beneficios recibidos por los hijos estadounidenses de inmigrantes. Sin embargo, incluye cobertura de Medicaid, asistencia de vivienda, programas de nutrición e incluso descuentos de la Parte D de Medicare para personas mayores.

La propuesta no es retroactiva: una vez que se ha completado el período de 60 días de comentarios públicos y se apruebe la regla final, habrá un período de gracia de 60 días. “Eso significa que lo más temprano que los inmigrantes necesitarían retirarse de los programas para evitar ser penalizados sería en 120 días, pero deberían consultar con sus asesores o abogados de inmigración antes de tomar una decisión”, señalan los activistas.

La preocupación cada vez es mayor por los posibles efectos de la propuesta en las comunidades inmigrantes, por lo que las cuatro organizaciones se han unido para educar a los residentes sobre cuáles son los “cambios” que podrían darse, cuándo pueden entrar en vigencia, quiénes pueden verse potencialmente afectados y cómo oponerse a ellos.

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