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Hay quienes lo consideran como un gran paso para reformar el sistema de justicia penal que ya tenia décadas y que se caía de viejo, pero hay otros que no lo ven de esa manera, no todos están conformes. La legislatura de Massachusetts, según dicen sus miembros, ya cumplió con aprobar una de las reformas más radicales. Ahora le toca al gobernador Charlie Baker hacerla ley.

Boston – La ley es la ley ¿Mano blanda contra el crimen? Los cambios que vienen al sistema de justicia penal del Estado con base a un proyecto de ley que ha sido aprobado por la legislatura de Massachusetts “van a transformar innumerables vidas”, según dice la Representante estatal y candidata al Congreso, Juana Matías, quien expresa sentirse orgullosa del “inmenso trabajo” realizado por sus colegas en las dos Cámaras para “crear políticas actualizadas y equitativas en el sistema de justicia penal”.

Matías, abogada de profesión, resumió en seis puntos en lo que ella considera el mejor avance que se ha logrado para reducir el crimen.

  1. Límites estrictos sobre el uso de la fianza en efectivo.
  2. Repetir algunas sentencias mínimas obligatorias por delitos relacionados con drogas.
  3. Crear un mecanismo de aniquilación de delitos cometidos como menores y otros casos.
  4. Reforma del CORI.
  5. Elevar el umbral de delito grave de robo de $ 250 a $ 1200.
  6. Y una recopilación exhaustiva de datos, incluidos datos sobre mujeres encarceladas y una junta de políticas y datos sobre justicia juvenil, para que los casos futuros puedan basarse en pruebas.

La candidata Latina al Congreso consideró que la legislación aprobada por la Cámara de Representantes “es histórica para reformar el sistema de justicia penal de la Commonwealth“, mientras que la Senadora Sonia Chang-Díaz lo calificó como “un gran punto de inflexión histórico para nuestro estado”. Ambas fueron proponentes en muchos de los cambios que ya pronto serán ley si es que el gobernador lo firma sin ninguna observación. Baker ya ha expresado su apoyo a partes del proyecto. Los Representantes estatales Jeffrey Sánchez y Frank Morán también fueron piezas fundamentales en la redacción del paquete de medidas que la mayoría de legisladores lo considera como las reformas más radicales al sistema de justicia penal.

Según los legisladores, las nuevas leyes están destinadas a reducir el número de personas atrapadas en el sistema judicial, ayudar a los que han cumplido su tiempo a permanecer fuera de la cárcel y darles a los jóvenes infractores más libertad de acción para evitar por completo caer en las garras de la justicia.

La legislación es parte de un movimiento nacional para aliviar las medidas punitivas “duras contra el crimen” elaboradas en los años ochenta y noventa, que según los críticos han afectado desproporcionadamente a los pobres y a las personas de color.

El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes y en el Senado de manera abrumadora. El Senado lo hizo con un voto bipartidista de 37-0 y la Cámara lo aprobó también con un voto bipartidista de 148-5.

Comenzar de cero

El presidente de la Cámara de Representantes, Robert A. DeLeo, dijo que la ley mantendrá la seguridad pública y garantizará que las personas que han cumplido su tiempo puedan comenzar de cero.

Estábamos en [un] sistema en el que dejábamos salir a la gente de la cárcel, los felicitábamos y le decíamos: ‘buena suerte en el mundo real’ sin darles ninguna orientación. El proyecto de ley les brinda a esas personas más oportunidades y apoyo”, enfatizando DeLeo “esta es una verdadera reforma”.

¿Quién se opone?

Durante el proceso legislativo, la mayoría de los fiscales electos del estado se opusieron enérgicamente a aspectos del paquete, como uno que prohibiría a los padres testificar contra sus hijos menores en casi todas las circunstancias. Pero después muchos de ellos cambiaron de opinión.

Es una legislación amplia, y habrá cosas que no nos agraden y cosas que nos gusten“, dijo Michael O’Keefe, fiscal de distrito de Cape & Islands.

Cambios que hacen pensar

El proyecto de ley haría cambios significativos en muchas partes de la ley estatal.

Reduciría la sentencia mínima obligatoria por el tráfico de drogas en una zona escolar, de modo que solo se aplique cuando un vendedor o traficante tenga un arma de fuego, esté vendiendo a menores o en determinadas circunstancias. Y derogaría otros mínimos obligatorios, incluida la condena de un año por el primer delito de tráfico de cocaína.

Cambiará la forma en que el estado maneja a algunos niños que violan la ley. La legislación eliminaría la jurisdicción de los tribunales juveniles sobre los niños de 7 a 11 años de edad, por lo que los niños de esa edad ya no enfrentarían sanciones penales, ni siquiera por asesinato. Por ejemplo, en el caso extremadamente raro de un niño de 11 años que le dispara a alguien, no se le puede acusar en el tribunal. Pero el Departamento de Niños y Familias tomarían participación.

El proyecto de ley prohibiría a los padres testificar contra sus hijos menores. Una madre que vio a su hijo de 17 años matar a una persona no puede testificar en su contra ante el tribunal aunque lo quisiera. Lo mismo ocurre con un padre que vio a su hija de 16 años robando un automóvil. (La única excepción sería cuando la víctima es un miembro de la familia y reside en el hogar).

La legislación también haría varios cambios que podrían ayudar a las personas pobres que cometen un delito a salirse de las garras del sistema de justicia penal más rápidamente si se mantienen en el lado correcto de la ley.

¿Es bueno o es malo?

Actualmente, las personas declaradas culpables de robar dinero en efectivo o bienes por valor de más de $ 250 (por ejemplo, un teléfono inteligente) son delincuentes, están sujetos hasta cinco años de prisión, lo que complica su futuro educativo y las perspectivas laborales una vez que haya cumplido su tiempo.

El proyecto de ley elevaría el límite a $ 1,200, lo que significa que los robos de artículos menos costosos no generarían un cargo por delito grave.

Un cargo menor, con una pena menor, significa que los culpables tendrán más posibilidades de recuperarse más rápidamente, dicen los defensores. Pero los opositores insisten en que incentivaría el robo.

El proyecto de ley recortaría las multas y las tarifas requeridas de las personas que cometen delitos y les daría a quienes sirvieron su tiempo un camino más claro para regresar a la sociedad mediante el fortalecimiento de las leyes que sellan los registros y eliminan las antiguas condenas.

La legislación exigiría que un juez que establezca la fianza deba considerar, en la medida de lo posible, los recursos financieros del acusado.

Si la fianza se establece en un nivel que probablemente no sea inasequible y, por lo tanto, un acusado debería permanecer en la cárcel mientras espera el juicio, los jueces tendrían que explicar por qué mantener encerrado a alguien que aún no ha enfrentado a la justicia.

Algo más….

El proyecto de ley también exigiría que el estado notifique a las personas acerca de sus próximas fechas judiciales, por ejemplo, mediante texto y correo electrónico, una disposición destinada a garantizar que no caigan en un espiral de multas acumuladas por no presentarse.

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