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Por Redacción El Mundo Boston

Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, cuenta lo que vio en los puestos fronterizos con los deportados.
Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, cuenta lo que vio en los puestos fronterizos con los deportados.

Boston – Una Misión Internacional de Verificación que integró Patricia Montes, directora Ejecutiva de Centro Presente, como representante de la Alianza Nacional de Comunidades Latino Americanas y Caribeñas, comprobó el drama que viven inmigrantes indocumentados que han sido deportados a Honduras.

Sólo hay tres personas que reciben a las personas deportadas. Esa cantidad es insuficiente teniendo en cuenta que llegan buses en horas de la madrugada y dejan a las personas, entre ellas muchas mujeres, a la intemperie”, dijo Montes. Además “no hay suficientes instalaciones con baños en el puesto fronterizo, en la aduana de Honduras”.

Miembros de la Misión Internacional constataron que en el puesto fronterizo de Corinto el gobierno de Honduras es incapaz de atender las necesidades de las personas deportadas y hasta de las mismas autoridades migratorias.

Lidia Sosa, miembro de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, expresó que “vemos debilidad del Estado de Honduras para proporcionar condiciones dignas de trabajo a los oficiales de Migración, a la Policía de Fronteras y a los migrantes deportados”.

El espacio físico donde trabajan los oficiales de Migración no es el adecuado. La oficina de la aduana no tiene espacios adecuados para que las personas puedan hablar en privado de sus particularidades”, anotó Sosa.

 

La Misión

Los miembros de esta comisión, organizada por Consejería de Proyectos (PCS), que estuvieron en San Pedro Sula, llegaron a Corinto para conversar con muchos de los deportados y con representantes de la Cruz Roja, autoridades de la Policía de Fronteras y miembros de las oficinas migratorias.

Juan Luis Carbajal, sacerdote misionero de San Carlos Scalabriniano y secretario ejecutivo de la Pastoral Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, denunció ante los medios de comunicación que las violaciones de los derechos humanos no sólo son cometidas por organizaciones criminales sino por entidades policiales de Guatemala y México.

Las violaciones cometidas por las autoridades hacia las personas emigrantes son el engaño en los trámites. Están cobrando cuotas por trámites gratuitos, otros cuerpos policiales detienen los minibuses para pedirles a las personas una cuota. Esto está forzando a las personas a que busquen otros puntos de mayor riesgo”, dijo el sacerdote.

Según ese sacerdote, que ha realizado visitas de la misma índole a México, Guatemala y Honduras, afirmó que “en este momento, por el tamaño y la geografía de México, están sucediendo algunas situaciones atroces y vergonzosas de autoridades y de grupos organizados contra los migrantes”.

 

Abandonado a su suerte

Pedro González, un jornalero de 29 años de Santa Rita, pasó las últimas cuatro noches durmiendo a la intemperie en el punto fronterizo de Corinto después de haber sido deportado.

González, padre de una niña de tres años, se mantenía “botado” en ese sitio porque no portaba ni un centavo ni lograba “un jalón” para regresar a su domicilio.

González, que aspiraba volver a Miami después de siete años de haber regresado a Honduras, gastó 15 mil lempiras en este nuevo viaje que realizó porque “no hay trabajo en Honduras, aunque el gobierno diga lo contrario”.

Situaciones como las de González y otras más dramáticas conoció la “misión internacional de verificación sobre la situación de los derechos humanos de la población migrante hondureña y su derecho a la protección internacional” integrada por siete miembros de organizaciones de diferentes países.

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