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Propuesta de ley pasa ahora al pleno de la legislatura y coalición de organizaciones pro-inmigrantes asegura que están listos para dar el siguiente paso y asegurar su rápida aprobación.

 

 Patricia Montes, directora de Centro Presente, pide seguir presionando a los legisladores para que aprueben cuanto antes el “Trust Act”.
Patricia Montes, directora de Centro Presente, pide seguir presionando a los legisladores para que aprueben cuanto antes el “Trust Act”.

El “Trus Act” o “Acta de Confianza” pasó su primera prueba de fuego. Los Comités de Seguridad Pública y Seguridad Nacional le dieron el “visto bueno” lo que representa un importante paso para la aprobación de esta propuesta de ley por la legislatura estatal que pondría fin a las deportaciones en Massachusetts.

“Estamos listos para dar el siguiente paso y asegurar su rápida aprobación por el pleno de la legislatura”, dijo Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, una de las organizaciones pro-inmigrantes que forman parte de la coalición MA Trust Act.

“Es imperativo hacer que los funcionarios locales y estatales se hagan responsables por apoyar una política de deportación federal equivocada y cruel”, expresó Montes en una concentración frente a la Casa Estatal en la que tuvieron participación los miembros de la Coalición, representantes electos, activistas y familias inmigrantes afectadas por la deportación.

“Aplaudimos la aprobación del ‘Trust Act’ y anunciamos los próximos pasos a seguir para que esta propuesta sea una realidad”, anotó.

Los manifestantes se concentraron frente a la Casa del Estado con consignas que decían “No a las detenciones y deportaciones injustas” y “sí al Acta de Confianza” que busca frenar el impacto del programa federal “Comunidades Seguras”.

Con la aprobación del “Trust Act” por los Comités de Seguridad Pública y Seguridad Nacional se ha logrado dar un importante paso a una propuesta que está siendo impulsada por el Senador Jamie Eldridge y el Representante estatal Carlos Sciortino.

Esta propuesta de ley será debatida ahora en el pleno de la legislatura y de aprobarse se restringiría el uso de los recursos locales y estatales en los programas de deportación.

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