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Informe especial

Activistas advierten que gobierno de Trump prepara una “trampa perfecta” para despojar a los indocumentados de toda protección y acelerar las deportaciones.

Boston- Se encienden las alarmas. Con la eliminación a partir del primero de mayo del Programa de Orientación Legal a través del cual los inmigrantes se informaban sobre sus derechos antes de comparecer ante un juez de Inmigración, “se destruye una red de protección” que durante años ha salvado a miles y miles de inmigrantes. Según activistas, el gobierno prepara una “trampa perfecta” para despojar a los indocumentados de toda protección y acelerar las deportaciones, en lo que denominan “guerra contra los inmigrantes”.

“Cero tolerancia” con inmigrantes que tratan de cruzar la frontera es otro de los temas de gran preocupación para cientos de personas que ven a través de la televisión a sus familiares con hijos en brazos en el “tren de la muerte” o caminando por el desierto.

Según el Fiscal General Jeff Sessions que remitió un memorando a los fiscales federales de los estados fronterizos con el envío de la Guardia Nacional, el gobierno del presidente Donald Trump buscará procesar como criminales a los inmigrantes que son atrapados ingresando a Estados Unidos sin los debidos papeles migratorios.

“Es increíble, Dios pon tu mano”, dice por las redes sociales de El Mundo Boston Esor Somar, clamando “por un castigo” para el presidente Trump.

Pero no todos piensan como ella. Carlos Pachecho le replica diciendo que “gracias a la seguridad de vida que nos brinda este país es la razón por la cual todos los inmigrantes estamos aquí, pero si cruzó el río o la frontera o de cualquier otra forma ilegal aténganse a las consecuencias. Porque este es un país con normas y reglas que hay que respetar y si aún siguen creyendo que Trump es un inhumano por esas razones yo les diría que están mal”.

El programa de Orientación Legal establecido en 2003 ofreció el año pasado talleres informativos a 53,000 inmigrantes en proceso de deportación y que están en centros de detención de inmigración que, según activistas, “se convierten en cajas negras, donde ocurren deportaciones sin testigos y en total oscuridad”.

El impacto de las redadas y deportaciones es cada vez mayor. El miedo está en las calles.

Dania Hernández, a quien muchos conocen como “La Catrachita” en Boston por sus presentaciones artísticas, vivió momentos de tensión cuando agentes de inmigración llegaron a su centro de trabajo en busca de personas con antecedentes criminales. “Felizmente no pasó nada, pero nos dejaron temblando”, según dice. Los agentes se fueron con las “manos vacías”. Pero no siempre ocurre así. Corrieron con suerte porque las detenciones se han multiplicado por  decisiones políticas injustificadas o por el mal humor del presidente Trump.

“Maximizar las deportaciones”

La “Guerra contra los inmigrantes” la encabeza el Fiscal Jeff Sessions, quien busca “maximizar las deportaciones” sin que sea necesario cumplir con el debido proceso de las personas en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dijo Tom Jawetz, vicepresidente de política migratoria del Centro para el Progreso Americano.

Sessions ha impuesto cuotas a los jueces de Inmigración para que aceleren su trabajo, cierren los casos más rápido y hasta nieguen el derecho a una audiencia a quienes solicitan asilo.

“Sin ser alarmistas hay que prepararnos para lo que pueda venir en los próximos meses”, dice Frank Ramírez, director de East Boston Ecumenical Community Council (EBECC). “Es mucho lo que hay en riesgo, los ‘soñadores’ o jóvenes que vinieron en la infancia podrían salvarse, pero las detenciones y deportaciones acechan a nuestras comunidades”.

“La guerra aumenta todos los días”

David Leopold, expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, señaló que un seguimiento de los tuits diarios del presidente “permite evaluar su mal humor, que influye muchas veces en decisiones políticas injustificadas del gobierno en su guerra contra los inmigrantes”.

En su opinión, esa guerra aumenta todos los días con la militarización de la frontera, la detención de mujeres inmigrantes embarazadas y “la falta de cualquier tipo de compasión humana” de parte de ICE o de la Patrulla Fronteriza.

“ICE arresta y deporta a personas con familias y profundos lazos comunitarios, incluyendo a quienes tienen hijos ciudadanos (estadounidenses)”, señaló.

“Comunidades con miedo”

Stephanie Teatro, directora de la Coalición de Tennessee para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, se refirió a la reciente redada de Inmigración en una planta procesadora de carnes del sur del estado, donde hubo 97 detenidos.

El despliegue fue impresionante, con helicópteros, agentes que bloquearon calles y puertas, y acorralaron a los trabajadores sin dar explicaciones”, dijo.

La activista estimó que fue el operativo de su tipo más grande desde la Administración Bush, que ha provocado un desastre psicológico difícil de estimar, “en una comunidad que tiene miedo y se pregunta quién será el próximo en caer”.

“Cero tolerancia” en las fronteras

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el incremento de un 37% en el número de indocumentados detenidos por la Patrulla Fronteriza en marzo pasado justifica el despliegue de emergencia de las tropas en la frontera con México.

Agentes federales arrestaron o denegaron el ingreso a 50 mil 308 migrantes no autorizados en marzo, el total más alto en un mes desde que Trump asumió la presidencia en 2017 y un aumento del 200% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando los cruces llegaron a mínimos históricos.

La orden de “Cero Tolerancia” de Sessions indica que los fiscales deben de poner mayor énfasis en presentar cargos de ingreso ilegal contra inmigrantes, algo que históricamente ha sido tratado como un delito menor cuando se aplica a personas que no han sido detenidas por las autoridades fronterizas anteriormente o que han sido detenidos solo pocas veces.

Enjuiciar penalmente a los migrantes permitirá al gobierno encarcelarlos en prisiones federales, donde hay más capacidad que en los centros de detención.

El gobierno también podrá separar a las familias, ya que los niños no pueden ser encarcelados, lo que exige su colocación en hogares de guarda.

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