Cambios en la ley para arrestar indocumentados con antecedentes criminales origina preocupación, preguntas y opiniones dividas

Charlie Baker revierte orden de Deval Patrick 

Redacción 

Charlie Baker, gobernador de Massachusetts.

Charlie Baker, gobernador de Massachusetts.

Boston – El gobernador Charlie Baker dejó sin efecto un amparo emitido por su antecesor Deval Patrick que protegía a los inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales a ser detenidos por la policía estatal a petición de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Esta nueva medida ha generado diversas reacciones en la comunidad (algunos a favor y otros en contra) y de organizaciones pro-inmigrantes, pero Baker alega que el cambio de política tiene la intención de centrarse en los que “representan una amenaza significativa” para la seguridad pública.

Eva Millona, directora ejecutiva de la Coalición MIRA, Lucy Pineda, directora ejecutiva de Latinos Unidos de Massachusetts (LUMA), Patricia Montes, directora ejecutiva de Centro Presente, Patricia Sobalvarro de la agencia ALPHA, entre otros activistas, se mostraron en contra de la decisión del gobernador, señalando que la participación de la policía local en asuntos de inmigración erosiona la confianza entre la policía y la comunidad.

El alcalde de Boston Martin Walsh fijó también su posición en contra, señalando que “los policías de Boston no actuarán de forma diferente a como lo venían haciendo”, anotó.

“Las únicas personas que nos interesan son miembros de pandillas, individuos que representan una amenaza a la seguridad nacional e individuos que han cometido actos delictivos violentos y han sido condenados”, dijo el jefe de la policía de Chelsea, Brian Kyes (ver nota ampliada sobre sus declaraciones en página siguiente). Screen Shot 2016-06-08 at 3.41.31 PM

“Cualquier otra persona que sólo tenga problemas de documentación no es una preocupación del Departamento de Policía”. 

También el Alcalde de Somerville, Joseph Curatone, quien ha sido uno de los aliados más fieles a la causa de los indocumentados y promovió para que sea una “ciudad santuario” para los inmigrantes, ha expresado su total respaldo a los cambios.

“A mí me parece que el gobernador está tratando de alinear el estado con las leyes federales y si ese es el caso, creo que es prudente y balanceado”. 

“Nosotros tenemos especificado quienes podrían ser entregados a ICE siempre y cuando hayan sido arrestados por un crimen y están en la lista Federal de delincuentes con antecedentes criminales”, agregó .

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Sin embargo, la preocupación está en la calle, en las organizaciones pro-inmigrantes que cuestionan la decisión del gobernador.

“Van a ser arrestados inocentes y esto afecta a nuestra comunidad”, enfatizó Lucy Pineda, directora de LUMA.

Eva Milona de MIRA señaló que “hacer cumplir las leyes de inmigración es de competencia del gobierno federal y no de la policía local y estatal”. 

Para Patricia Sobalvarro, directora de la agencia ALPHA, la decisión de Baker de dejar sin efecto el amparo que dio Patrick es “otra estrategia política para asustar a nuestra comunidad inmigrante”. 

¿Por qué se tomó la decisión? 

El gobernador Baker ha sido muy enfático al declarar que la medida tiene como propósito específico capturar convictos peligrosos que viven ilegalmente en el país.

“Creo que esto logra el equilibrio correcto, vamos a trabajar en colaboración para arrestar a las personas que han participado en actividades delictivas”, anotó.

Baker explicó que su administración tuvo largas conversaciones con funcionarios locales, incluyendo al jefe de la policía de Chelsea, una de las ciudades con gran afluencia de inmigrantes, para tomar la decisión de revocar el amparo que, según dijo, estaba siendo utilizado de manera inapropiada.

Este amparo del anterior gobernador prohibía a los oficiales locales y estatales detener – por un tiempo limitado – a una persona hasta que llegaran las autoridades de inmigración. Por un lado, le limitaba el poder a ICE.

Ahora todo va a ser diferente. Con la nueva orden del gobernador, la policía local y estatal va a poder detener – por hasta 48 horas – a cualquier persona que ya haya sido arrestada por un crimen y figure en una lista federal de criminales u ofensores relacionados con actividades de pandillas o terroristas.

Las autoridades señalan que “esto no va a cambiar mucho” y que la comunidad debe estar tranquila porque lo que se busca es la seguridad.

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Algo más

El controvertido programa federal de Comunidades Seguras finalizó en enero de 2015, para dar paso al Programa de Ejecución Prioritaria (PEP), donde la prioridad para las deportaciones son los inmigrantes indocumentados con récords criminales y sospechosos de terrorismo.

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on Jun 8, 2016. Filed under Destacada, Locales. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

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