- Maura Healey sostiene que ese tipo de propuestas detendría la construcción de viviendas en Massachusetts
Clara posición. “Necesitamos que la producción de viviendas avance», dijo la gobernadora Maura Healey al sustentar su posición en contra de una propuesta para establecer un control de alquileres a nivel estatal en Massachusetts.
“Si se sometiera a votación el próximo año, yo votaría en contra porque el control de alquileres no sería la solución a la crisis de la vivienda en el estado. No quiero que se detenga la producción de viviendas”, sentenció la gobernadora, advirtiendo que “los inversores en vivienda ya se han retirado de Massachusetts porque les preocupa el control de alquileres”.
Durante su aparición mensual en “Boston Public Radio”, fue enfática al remarcar que este tipo de propuestas “frenaría la producción de viviendas en el estado”.
Healey dijo entender a los activistas que impulsan la propuesta por los crecientes costos de la vivienda en la región, pero les pidió “trabajar juntos para lograr algo sensato”.
El secretario de Estado, William F. Galvin, anticipó que la iniciativa de control de alquileres había reunido las decenas de miles de firmas necesarias para avanzar hacia la votación de 2026. Ahora, la Legislatura debe evaluar si actúa sobre esta y otras propuestas. Si los legisladores no aprueban la propuesta de control de alquileres, los defensores tendrían que reunir miles de firmas más el próximo año para obtener oficialmente un lugar en la votación.
La propuesta vincularía los aumentos de alquiler permitidos a la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un aumento máximo del 5% anual, excepto para edificios ocupados por sus propietarios con cuatro unidades o menos o con menos de una década de antigüedad. Estas excepciones están diseñadas para proteger a los pequeños propietarios y mantener estable la producción de nuevos apartamentos.
Si los votantes respaldan la medida, sería una de las políticas de control de alquileres más estrictas del país y, a diferencia de políticas anteriores, limitaría los alquileres a nivel estatal, en lugar de dar a las ciudades y pueblos la opción de implementar límites de alquiler si así lo desean.
