- Los empleados escolares no pueden hablar sobre el estatus migratorio de un estudiante de las Escuelas Públicas de Boston.
Los directores de las escuelas públicas de Boston han recibido un documento de 36 páginas titulado «Protegiendo a todos los estudiantes» en los que se aconseja al personal escolar sobre qué hacer si agentes federales intentan entrar en una escuela por la política migratoria del presidente Trump de “deportaciones masivas”. El documento también describe los recursos disponibles para apoyar a los estudiantes tras un encuentro con funcionarios de inmigración.
“Las familias inmigrantes contribuyen al rico tejido de nuestra comunidad, y las escuelas, en particular, desempeñan un papel fundamental para ayudar a los estudiantes inmigrantes a adaptarse y prosperar en sus nuevos barrios”, afirman las directrices.
Con el nuevo documento, las Escuelas Públicas de Boston han comenzado a revisar sus directrices sobre cómo el personal debe responder a los agentes federales tras la orden ejecutiva de la alcaldesa Michelle Wu que prohíbe la aplicación de la ley de inmigración en propiedades municipales.
Según las directrices, los empleados escolares no pueden hablar sobre el estatus migratorio de un estudiante con las autoridades policiales a menos que cuenten con la aprobación de un abogado municipal. La directiva describe cómo manejar las interacciones en las instalaciones escolares con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La política ahora se extiende a las excursiones escolares, ofreciendo orientación para los conductores de autobús y los acompañantes. También proporciona una nueva lista de verificación para que el personal la siga si un padre o madre de un estudiante es detenido o deportado.
El documento cita la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1982 en el caso Plyler contra Doe y afirma que las Escuelas Públicas de Boston siguen comprometidas a “garantizar a cada estudiante el derecho a la misma educación pública gratuita que sus compañeros, independientemente de su estatus migratorio”.
Padres de familia, docentes y defensores de diferentes organizaciones proinmigrantes han recibido con satisfacción las nuevas directrices en momentos en que la represión migratoria aviva el temor a la separación de familias.
El documento establece que cada escuela puede desarrollar protocolos adicionales siempre que sean coherentes con las directrices de la ciudad y estén aprobados por el departamento legal.
Las directrices establecen que si un agente federal se acerca a una escuela sin una orden judicial, una orden de comparecencia o una citación, los directivos escolares deben informarle que no están autorizados a entrar al edificio. Si cuentan con dichos documentos, el personal escolar debe pedirle al agente que espere mientras se contacta al abogado de la escuela.
Si un estudiante es arrestado, el personal no puede impedir físicamente ni interferir con un agente federal, pero sí puede informarle de sus derechos, incluyendo el derecho a solicitar un abogado y a negarse a firmar documentos.
