Opinión: No escapamos del autoritarismo para votar por él

Por Ciro Valiente

Hay momentos en los que votar deja de ser una simple decisión política y se convierte en una cuestión de principios. Este 3 de noviembre, Estados Unidos enfrenta uno de esos momentos. Están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 puestos del Senado, 36 gobernaciones y cientos de cargos estatales y locales.

Pero más allá de quién controle el Congreso o gobierne nuestros estados, también está en juego la manera en que entendemos la democracia, ejercemos el poder y tratamos a quienes piensan, viven o vienen de lugares diferentes.

En medio de un clima de profunda polarización, de políticas migratorias que han sembrado terror en numerosas familias y de una creciente confrontación política, estas elecciones nos obligan a reflexionar sobre los valores que queremos ver representados en nuestros líderes. No podemos permitir que las diferencias ideológicas nos hagan perder de vista la humanidad, la justicia, la decencia, la cordura, la empatía y el respeto que deben sostener a cualquier sociedad democrática.

Massachusetts no está al margen de esta discusión. La contienda por la gobernación entre la gobernadora Maura Healey y Mike Minogue refleja diferencias importantes sobre el papel del gobierno, la relación con Washington y la protección de nuestras comunidades. Y para quienes llegaron a este país buscando libertad, seguridad y oportunidades, esas diferencias merecen una reflexión que va mucho más allá de las etiquetas partidistas.

El republicano Minogue ha respaldado al presidente Trump y se ha manifestado a favor de revertir protecciones que hoy ofrecen tranquilidad a miles de familias inmigrantes. Entre ellas, la PROTECT Act, ley que limita las detenciones migratorias sin orden judicial en escuelas, hospitales y tribunales.

Minogue asegura que quiere concentrar los esfuerzos en delincuentes violentos y reducir el miedo. Pero resulta difícil reconciliar ese discurso con su intención de eliminar precisamente algunas de las garantías creadas para proteger a nuestras comunidades.

Lo que ocurre en otros estados gobernados por republicanos aliados a la administración actual debería servirnos de advertencia. Desde el año pasado, Texas y Florida han ampliado la participación de sus policías estatales y locales en operativos migratorios, permitiéndoles detener a inmigrantes y ponerlos bajo custodia federal.

Según una investigación reciente, ambos estados concentraron cerca de la mitad de las más de 47.000 detenciones realizadas en todo el país mediante estos acuerdos entre enero de 2025 y agosto de 2026 a través del programa 287(g).

«Estos agentes estatales y locales se han convertido en una pieza clave de la estrategia más discreta de control migratorio de la administración. Los grandes operativos que antes acaparaban titulares en ciudades como Chicago y Minneapolis están siendo reemplazados por controles rutinarios de tránsito en las carreteras, bajo el programa 287(g)», explicó Felicity Rose, vicepresidente de políticas e investigación en FWD, en una entrevista con NPR antes de la publicación del informe.

Estamos hablando incluso de arrestos de familias que tienen solicitudes pendientes por años, y cuyo único «delito», si tienen el descaro de llamarlo así, ha sido esperar. Esperar por una adjudicación de un caso que toma más de una década, y que si sales de la nación sin permiso, en muchos casos como peticiones de asilo, automáticamente pierdes dicha solicitud. Hoy el gobierno usa una negligencia del propio sistema para castigar a quienes han hecho todo bien y han ayudado a hacer mejor este país.

¿Desde cuándo esperar una respuesta del gobierno se convirtió en una amenaza para la seguridad nacional? ¿Y es ese el clima de miedo, zozobra y terror que queremos profundizar en Massachusetts?

Por su parte, la demócrata Healey, ha demostrado con acciones que es posible defender la seguridad pública sin renunciar a la humanidad. Su administración impulsó medidas para limitar los abusos a inmigrantes, proteger espacios esenciales y evitar que las familias vivan aterrorizadas ante la posibilidad de una separación. No significa que su gestión sea perfecta ni que esté por encima de las críticas. Significa reconocer que, cuando nuestras comunidades han necesitado una aliada, Maura ha estado dispuesta a tenderles la mano.

No podemos normalizar que familias trabajadoras tengan miedo de salir de sus casas, que padres teman no regresar a buscar a sus hijos o que personas que han contribuido durante años a esta sociedad sean tratadas como si su simple existencia fuera una amenaza. Este odio sin sentido ha alcanzado niveles profundamente preocupantes.

Y tampoco podemos respaldar, por conveniencia política, a quienes alimentan ese ambiente de hostilidad. A quienes buscan minimizar y, en ocasiones, hasta silenciar a quienes piensan diferente o alzan la voz frente a las injusticias. Hemos llegado al extremo de escuchar que ciudadanos naturalizados e inmigrantes no tienen derecho a cuestionar a un funcionario electo simplemente porque no nacieron en este país.

¿Desde cuándo comenzamos a legitimar el silencio y la censura en una nación cuya Constitución consagra la libertad de expresión como uno de sus principios fundamentales? La Primera Enmienda no distingue entre quienes nacieron aquí y quienes llegaron buscando libertad. El derecho a disentir no es un privilegio que concede un gobernante, sino una libertad que la Constitución protege.

Hace algunos años, un gran amigo, una persona profundamente querida en Massachusetts, recibió un reconocimiento histórico de manos del gobernador de ese entonces, Charlie Baker. En su discurso compartió una reflexión que nunca olvidé. Quienes llegamos a esta nación desde otros países tenemos una manera muy especial de amarla. No nacimos aquí, pero la elegimos y eso podría incluso tener más valor. Elegimos construir nuestras vidas, formar nuestras familias y hacer de esta tierra nuestro hogar; y esa decisión también es una profunda expresión de patriotismo.

Por eso, alzar la voz frente a las injusticias no significa atacar al país que nos abrió las puertas. Todo lo contrario, significa defender aquello que nos hizo elegirlo. No basta con escapar del autoritarismo. También tenemos la responsabilidad de impedir que encuentre un nuevo hogar donde nosotros decidimos construir el nuestro.