A pesar de que la compañía de autobuses más grande de Estados Unidos, Greyhound, dijo el mes pasado que ya no permitirá a los agentes de inmigración abordar sus vehículos sin orden judicial, una importante empresa del mismo ramo que opera en el noreste del país informó que seguirá permitiendo que los agentes federales suban a sus buses.
Peter Pan Bus Lines, compañía con sede en Springfield, Massachusetts, argumentó que con ello ayuda a combatir el tráfico de personas. La empresa «siempre ha cooperado con las fuerzas policiales y seguirá haciéndolo», dijo su vicepresidente de seguridad», Christopher Crean.
Algunos competidores han revisado sus normas o están haciéndolo, pero a Peter Pan le preocupa la posibilidad de tráfico de niños en sus buses, agregó Crean.
La empresa es miembro de “Truckers Against Trafficking” (Camioneros contra el Tráfico), un grupo del sector creado para combatir el tráfico humano.
«Sería contradictorio que no les permitiéramos subir sobre todo si pudiera impedir que traficaran a un niño», dijo Crean. «No creo que enfocaremos este asunto de otra manera, sea la Patrulla Fronteriza u otra fuerza policial».
La empresa no pudo dar un cálculo de cuántas veces los agentes de inmigración han abordado sus buses en los últimos años.
Crean dijo que «no es frecuente», dado que las rutas principales de la empresa son entre las grandes ciudades del noreste como Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington.
The Associated Press informó que un memorando de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) prohíbe a los agentes abordar autobuses sin el consentimiento de la empresa.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) pide a las empresas de transportes de pasajeros que solo permitan el acceso de los agentes si presentan una orden judicial.
“El negocio de Peter Pan Bus Lines es el de transportar a sus pasajeros con seguridad de un lugar a otro”, dijo la ACLU en una carta a la empresa en 2018. “Su negocio no debería ser el de someter a sus pasajeros a interrogatorios intimidantes, requisas sin sospechas, arrestos sin orden judicial y la amenaza de deportación”.
