Unos 200.000 inmigrantes no autorizados en Massachusetts podrían ser deportados como parte de la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración ilegal. Son muchos los casos que pueden estar en lo más alto de la lista de prioridades de aplicación de la ley porque, según los reportes, siguen viviendo en Boston o en cualquier ciudad del estado a pesar de una orden de deportación en su contra. Hay casos de asilo que fueron denegados bajo las administraciones anteriores.
El drama que vive una madre salvadoreña con tres hijos, dos de ellos nacidos en Boston, es terrible porque se quedó a pesar de tener una orden deportación. Su caso no es el único, son muchas las personas que podrían enfrentar la expulsión del país.
«Si los agentes de inmigración me arrestan, estaría separada de mis hijos, lo que me llena de angustia, de dolor», dice la madre salvadoreña.
Entre la serie de órdenes ejecutivas que la Casa Blanca ha publicado, el presidente Trump ordenó específicamente al Departamento de Seguridad Nacional que lleve a cabo las deportaciones de personas a quienes se les ha ordenado abandonar el país pero se han quedado. Más de un millón de inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos tienen órdenes finales de deportación, según los datos del Consejo Estadounidense de Inmigración, un grupo de defensa con sede en Washington, D.C.
“Son los más vulnerables a la deportación ahora, porque la administración Trump no tendrá que procesarlos”, dijo Nayna Gupta, directora de políticas del consejo. “Es una cuestión de si la administración Trump podrá encontrarlos”.
Centro Presente, una organización proinmigrante en Boston que ayuda a inmigrantes, está recibiendo constantes consultas de familias sobre cómo serán sus medios de vida en los próximos meses. “A veces, es muy difícil para nosotros, porque no tenemos todas las respuestas”, dijo Patricia Montes, directora ejecutiva. “Hay mucha confusión, enojo y ansiedad”.
En Massachusetts, los inmigrantes no autorizados de El Salvador constituyen la segunda porción más alta de la población indocumentada, con aproximadamente 24,000 salvadoreños indocumentados viviendo en el estado, según el Instituto de Política Migratoria. “Hablamos de familias, hablamos de niños. No representan una amenaza para la seguridad nacional”, dijo Montes en respuesta a los anuncios de Trump de deportaciones masivas.
