
- Organizaciones proinmigrante se unen para apoyar la demanda nacional presentada en California que impugna la terminación ilegal de Trump de protección migratoria para 600.000 venezolanos
Como parte de un esfuerzo nacional para defender a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), diversas organizaciones proinmigrantes se unieron en Boston para apoyar la demanda nacional introducida en California que impugna el intento ilegal de la Administración Trump de poner fin a las protecciones de TPS para 600,000 venezolanos.
Entre los oradores estuvieron beneficiarios del TPS venezolanos, salvadoreños, hondureños y haitianos, quienes compartieron sus testimonios sobre los peligros que enfrentarían si fueran obligados a regresar a sus países de origen. También estuvieron presentes funcionarios electos, organizaciones comunitarias y empleadores de beneficiarios de TPS, todos abogando por la protección y un camino hacia la residencia permanente.
El Comité TPS de Massachusetts, Casa Venezuela New England y la Asociación Venezolana de Massachusetts fueron los organizadores de la conferencia en SEIU 32BJ en Boston que forma parte de un movimiento nacional más amplio, en el que la Alianza Nacional TPS y grupos de derechos civiles han presentado una demanda en Pasadena, California para desafiar la terminación ilegal de las protecciones humanitarias.
La vida y el futuro de los tepesianos está en juego
“Estamos aquí para apoyar este desafío legal porque las vidas y el futuro de miles de nuestros vecinos están en juego”, dijo Doris Landaverde, coordinadora del Comité de TPS de Massachusetts. “Esta demanda trata de defender los derechos de los inmigrantes que han construido sus vidas aquí y contribuyen diariamente a nuestras comunidades”.
La demanda argumenta que la cancelación abrupta de una extensión de 18 meses, previamente otorgada por la administración Biden, viola la ley federal y las protecciones constitucionales contra la discriminación racial.
Carlos Martín, miembro de la junta directiva de la Asociación Venezolana de Massachusetts, sostuvo que «los beneficiarios de TPS no deberían tener que vivir con el miedo de ser arrancados de sus familias y medios de vida. Esta demanda es un paso crucial para garantizar que reciban la protección que se les prometió”.
Su historia como beneficiaria de TPS
Uno de los rostros de esta lucha es Pilar Castrillo, beneficiaria de TPS y solicitante de asilo, quien ha esperado una entrevista de inmigración por casi una década. Mientras aboga por una solución permanente, ha seguido contribuyendo a su comunidad, obteniendo una maestría de la Universidad Eastern en Pensilvania y fundando Migrant Journey, una organización sin fines de lucro que apoya a inmigrantes en EE.UU.

“Esto no es solo sobre los venezolanos, sino sobre defender los derechos de todos los inmigrantes”, señaló Castrillo. “No podemos permitir que el gobierno elimine protecciones para quienes han huido de la violencia y el colapso económico. Es una cuestión de dignidad humana”.
La conferencia que también tuvo el apoyo de las Oficinas Legales del abogado de inmigración Julio Henríquez y decSEIU 32BJ, unió a beneficiarios de TPS de múltiples países. Una de ellos es Patricia Carvajal, nativa de Honduras que fue parte de la demanda de TPS de 2018, cuando estuvieron al borde de regresar a las condiciones inseguras de las que huyeron.
Empleadora apoya a beneficiarios del TPS
El impacto económico también ha sido un punto clave en la discusión. Katiuska Valiente, emprendedora y empleadora de beneficiarios de TPS, advirtió sobre las consecuencias económicas de esta decisión. “Ya sentimos el impacto: la gente tiene miedo, los negocios están luchando por mantener a sus empleados, y esto es solo el comienzo”, expresó la dueña de Peka Restaurant y VP Full Services.

Katiuska Valiente resalta las contribuciones económicas de los beneficiarios de TPS y el impacto de perder sus protecciones, mientras que Kevin Brown, vicepresidente ejecutivo de 32BJ SEIU y líder sindical del distrito de Massachusetts y Rhode Island, destacó el rol fundamental de los trabajadores con TPS en la economía local. “Nuestros miembros con TPS mantienen en funcionamiento nuestros edificios y aeropuertos, limpian y protegen universidades y fábricas. Son trabajadores esenciales en todo el sentido de la palabra”, concluyó.
Algo Más
La demanda interpuesta en California contra la administración Trump ha recibido el respaldo de importantes organizaciones de derechos civiles, como la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), la ACLU y el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de UCLA. Los defensores instan a los legisladores a tomar medidas urgentes para garantizar protecciones permanentes y evitar la separación de familias.