Por Ciro Valiente
La reciente decisión del juez Chen de suspender la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos ha reavivado un debate donde la desinformación sobre la criminalización de los inmigrantes juega un papel crucial.
Entre los argumentos en contra de esta medida, algunos han intentado vincular a los beneficiarios del TPS con el crimen organizado, en particular con el Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela y expandida a varios países de la región.
Sin embargo, los datos desmienten esta narrativa y revelan una realidad muy diferente: los venezolanos con TPS tienen tasas de criminalidad más bajas que la población en general, y su contribución económica es vital para el progreso de Estados Unidos.
«La Corte concluye que la acción de la Secretaria amenaza con: infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente afectados; costarle a Estados Unidos miles de millones en actividad económica; y perjudicar la salud y seguridad pública en comunidades de todo el país. Al mismo tiempo, el gobierno no ha identificado ningún daño real que justifique la terminación del TPS para los beneficiarios venezolanos», dice el fallo judicial.
En las próximas líneas, usaremos extractos del propio juez Edward Chen, quien asegura que «los demandantes también han demostrado que probablemente lograrán probar que las acciones tomadas por la Secretaria son ilegales, arbitrarias y caprichosas, y están motivadas por animadversión inconstitucional«.
Los datos sobre criminalidad y TPS
A pesar de los temores infundados y de los argumentos de una «invasión», múltiples estudios y datos gubernamentales muestran que los inmigrantes, incluidos los beneficiarios del TPS, tienen índices de criminalidad menores que la población nativa.
«Ellos (los venezolanos) tienen tasas de criminalidad más bajas que la población general en Estados Unidos«, agrega el juez Chen.
La gran mayoría de los venezolanos con TPS son profesionales, trabajadores calificados y personas que buscan estabilidad tras huir de un régimen que ha sumido a su país en una crisis sin precedentes.
Si bien es cierto que el Tren de Aragua ha ganado notoriedad en la región, su presencia en Estados Unidos sigue siendo limitada, y las autoridades han indicado que su actividad delictiva no está ligada a la vasta mayoría de los migrantes venezolanos.
Generalizar y estigmatizar a toda una comunidad basándose en la existencia de un grupo criminal es no solo injusto, sino también peligroso, pues promueve políticas migratorias que terminan afectando a quienes más aportan a la sociedad.
Hay que ser claros y enfáticos: se estima que cerca de un millón de venezolanos viven en esta nación, pero según el informe más reciente del FBI, existen alrededor de 600 sospechosos de pertenecer al Tren de Aragua, lo que equivale a menos del 0.1 por ciento.
Además, en palabras del propio juez Edward Chen, para que un individuo pueda calificar para recibir aprobación y renovación del TPS, debe estar sin antecedentes penales.
«Una persona es inadmisible si ha sido convicta por cualquier felonía o dos o más delitos menores», argumenta Chen.
El impacto económico de los venezolanos con TPS
Más allá del debate sobre la criminalidad, la decisión del juez Chen también pone en evidencia el impacto económico que tendría la eliminación del TPS para los venezolanos. Según el fallo judicial, más del 40% de los beneficiarios poseen títulos universitarios y trabajan en sectores clave como la salud, la tecnología y la educación.
Además, un dato escandalosamente positivo es que la participación laboral de los venezolanos con TPS es «excepcionalmente alta, con cifras que oscilan entre el 80% y el 96%«, muy por encima del promedio nacional de 62.4%.
Esto demuestra que los beneficiarios del TPS no solo han logrado insertarse exitosamente en el mercado laboral estadounidense, sino que además representan una fuerza de trabajo altamente activa y productiva; y contradice rotundamente la narrativa de que representan una carga para el Estado.
Ciudades con alta concentración de venezolanos, como Miami, Houston y Nueva York, serían particularmente afectadas, con impactos negativos en negocios locales, hospitales y empresas que dependen de esta fuerza laboral.
La pérdida de talento en sectores con escasez de trabajadores calificados agravaría aún más la situación económica y reduciría la competitividad del país en un entorno global cada vez más exigente.
La necesidad de una solución permanente
Si bien la decisión judicial representa un alivio temporal, el problema de fondo sigue sin resolverse. Es imperativo que el Congreso y la administración tomen medidas para garantizar una solución permanente que no solo brinde estabilidad a los inmigrantes que contribuyen al crecimiento del país, sino que también proteja los intereses económicos de los Estados Unidos.
Perder el talento venezolano no solo sería una crisis humanitaria, sino también un error económico con consecuencias irreversibles. La decisión del juez es un recordatorio de que la inmigración no es solo una cuestión de política, sino una piedra angular del progreso económico y social de la nación.
