- PROTECT LAW o Ley de Protección fue aprobada en la Cámara de Representantes con 134 votos a favor y 21 en contra. Legisladores latinos Andy Vargas y Judith García que promovieron su aprobación dieron detalles de la ley en “La Hora del Café” de El Mundo Boston que se transmite por las redes sociales de lunes a viernes, a las 7:00 de la mañana.
Haciendo historia. La Cámara de Representantes de Massachusetts dio el primer paso para decir “alto al número de arrestos de ICE” al aprobar “Protect Law” o Ley de Protección que busca que se respeten los derechos constitucionales de la comunidad inmigrante, con una serie de garantías legales. La nueva legislación fue aprobada por 134 votos a favor y 21 en contra. Ahora pasa al Senado para su consideración y, según dijo el Representante estatal, Andy Vargas, “hay la mejor disposición” para su aprobación y luego con la firma de la gobernadora, Maura Healey, convertirla en ley. “Estamos muy contentos por todo el apoyo y lo que puedo decir es que se logró”, expresó la Representante estatal, Jenith García, en “La Hora del Café” de El Mundo Boston.
Los dos legisladores tuvieron un diálogo abierto con Alberto Vasallo III, conductor de “La Hora del Café, dando detalles de lo que representa esta nueva ley que incluye protecciones y derechos constitucionales para cada persona confrontada por agentes federales.
“Aún no se sabe cuando lo van a discutir y aprobar en el Senado, pero ya hay cuatro senadores, incluyendo a Pavel Payano, que ya han firmado el «Protect Law” y abogando por nuestra comunidad inmigrante”, dijo Vargas feliz por la aprobación de la Ley después de semanas de un arduo debate para su aprobación con una gran mayoría de legisladores.
La Ley de Protección busca reforzar las garantías del debido proceso, limita la aplicación civil de leyes migratorias dentro de los tribunales, amplía las protecciones para víctimas de delitos e incrementa la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones correccionales y cuerpos policiales.
El PROTECT LAW fue presentado originalmente por el Caucus Legislativo Negro y Latino (BLLC, por sus siglas en inglés), encabezado por el Representante estatal Andy Vargas y co-presentada por la Representante estatal de Chelsea Judith García.
La aprobación por la legislatura de la Ley de Protección generó reacciones de apoyo de la comunidad inmigrante. “Otro paso adelante para hacer historia”, dijo Gladys Vega, presidenta CEO de La Colaborativa, una de las organizaciones más proinmigrantes, que junto a un grupo de personas estuvo en la Cámara de Representantes a la espera de la aprobación de la ley. “Hemos estado junto a muchos aliados impulsando el PROTECT LAW y al fin lo logramos con una votación de 134-21, marcando un hito significativo”, anotó la reconocida activista.
“Esta legislación busca limitar ciertas interacciones entre las autoridades estatales y locales y la aplicación federal de leyes migratorias, ayudando a proteger los derechos, la seguridad y la dignidad de nuestras comunidades. Mientras celebramos este importante avance, el trabajo no ha terminado, ahora pasa al Senado para su consideración”, dijo Gladys Vega.
Esto es lo que significa en la práctica el PROTECT LAW
Protege los derechos legales en detención
Las personas deben ser informadas de sus derechos en su idioma principal y tener acceso confidencial a un abogado. Las instalaciones deben registrar a las personas detenidas, notificar a su abogado o a un contacto designado si son transferidas, y proporcionar servicios de interpretación.
Establece límites claros para las fuerzas del orden
Las agencias estatales y locales no pueden participar en la aplicación civil de leyes migratorias federales, a menos que esté directamente vinculada a una investigación criminal. Generalmente, se prohíbe a los oficiales preguntar sobre el estatus migratorio o compartir información no pública sin una conexión clara con un delito. Los acuerdos con agencias federales están restringidos y sujetos a supervisión.
Garantiza transparencia en el lugar de trabajo
- Los empleadores deben notificar a sus trabajadores dentro de 48 horas si reciben un aviso de inspección migratoria federal (como una auditoría I-9).
Mantiene el acceso a los tribunales
- Se limitan los arrestos civiles de inmigración en los tribunales. Se requiere una orden o mandato judicial, y en general no se permiten arrestos dentro de las salas de audiencia.
Apoya a las víctimas de delitos
- Amplía las protecciones para personas que solicitan visas U y T. No se requiere una acusación o condena, y las agencias deben seguir procesos claros y oportunos.
Promueve la equidad en decisiones de fianza
- Los jueces pueden considerar el riesgo de una deportación inminente al establecer la fianza.
Establece orientación y supervisión
- El estado proporcionará guías multilingües para asegurar que las comunidades comprendan sus derechos. La gobernadora también podrá restringir la aplicación de leyes migratorias en áreas no públicas de edificios estatales.
Fortalece la rendición de cuentas
- La fiscalía general puede hacer cumplir disposiciones clave, y los tribunales pueden requerir cumplimiento, monitoreo e informes.
