BOSTON, MA – Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes en Massachusetts se reunieron este jueves en apoyo a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos que han presentado una demanda contra la administración Trump por la cancelación del beneficio migratorio.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. del Distrito Norte de California por la Alianza Nacional TPS y ocho beneficiarios venezolanos, impugna la decisión de la administración de poner fin a las protecciones de TPS para más de 600,000 venezolanos, incluidos alrededor de 350,000 que podrían perder su estatus en abril.
“Estamos aquí para apoyar este desafío legal porque las vidas y el futuro de miles de nuestros vecinos están en juego”, declaró Doris Landaverde, coordinadora del Comité de TPS de Massachusetts. “Esta demanda trata de defender los derechos de los inmigrantes que han construido sus vidas aquí y contribuyen diariamente a nuestras comunidades”.
El litigio argumenta que la cancelación abrupta de una extensión de 18 meses, previamente otorgada por la administración Biden, viola la ley federal y las protecciones constitucionales contra la discriminación racial.
Carlos Martín, miembro de la junta directiva de la Asociación Venezolana de Massachusetts, enfatizó la urgencia del asunto. “Los beneficiarios de TPS no deberían tener que vivir con el miedo de ser arrancados de sus familias y medios de vida. Esta demanda es un paso crucial para garantizar que reciban la protección que se les prometió”, afirmó.
Uno de los rostros de esta lucha es Pilar Castrillo, beneficiaria de TPS y solicitante de asilo, quien ha esperado una entrevista de inmigración por casi una década. Mientras aboga por una solución permanente, ha seguido contribuyendo a su comunidad, obteniendo una maestría de la Universidad Eastern en Pensilvania y fundando Migrant Journey, una organización sin fines de lucro que apoya a inmigrantes en EE.UU.
“Esto no es solo sobre los venezolanos, sino sobre defender los derechos de todos los inmigrantes”, afirmó Castrillo. “No podemos permitir que el gobierno elimine protecciones para quienes han huido de la violencia y el colapso económico. Es una cuestión de dignidad humana”.
La conferencia de prensa, organizada por el Comité de TPS de Massachusetts, la Asociación Venezolana de Massachusetts, las Oficinas Legales de Julio Henríquez, Casa Venezuela New England y SEIU 32BJ, unió a beneficiarios de TPS de múltiples países. Una de ellos es Patricia Carvajal, nativa de Honduras que fue parte de la demanda de TPS de 2018, cuando estuvieron al borde de regresar a las condiciones inseguras de las que huyeron.
“Hoy estamos aquí unidos como uno solo para defender el TPS junto con nuestros hermanos y hermanas de Venezuela, El Salvador, Haití, Nicaragua, Honduras y muchos otros países”, expresó Carvajal.
El impacto económico también ha sido un punto clave en la discusión. Katiuska Valiente, emprendedora y empleadora de beneficiarios de TPS, advirtió sobre las consecuencias económicas de esta decisión. “Ya sentimos el impacto: la gente tiene miedo, los negocios están luchando por mantener a sus empleados, y esto es solo el comienzo”, expresó la dueña de Peka Restaurant y VP Full Services.
Por su parte, Kevin Brown, vicepresidente ejecutivo de 32BJ SEIU y líder del distrito de Massachusetts y Rhode Island del sindicato, destacó el rol fundamental de los trabajadores con TPS en la economía local. “Nuestros miembros con TPS mantienen en funcionamiento nuestros edificios y aeropuertos, limpian y protegen universidades y fábricas. Son trabajadores esenciales en todo el sentido de la palabra”, señaló.
Los demandantes en el caso cuentan con el respaldo de importantes organizaciones de derechos civiles, como la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), la ACLU y el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de UCLA. Los defensores instan a los legisladores a tomar medidas urgentes para garantizar protecciones permanentes y evitar la separación de familias.
A medida que avanza la batalla legal, grupos de apoyo en Massachusetts y a nivel nacional continúan movilizándose para evitar que miles de beneficiarios de TPS sean forzados a regresar a condiciones peligrosas en sus países de origen.
