El Centro de Detención de Inmigrantes en North Dartmouth, Massachusetts, donde hubo denuncias de condiciones inhumanas, y un centro de detención de Georgia en el que mujeres afirman fueron sometidas a procedimientos medicos no solicitados, ya no se usarán para detener a inmigrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por siglas en inglés) anunció que cancelará sus contratos con la agencia pública local que administra dicho centro en North Dartmouth y con la empresa privada que opera el Centro de Detención del condado Irwin, en Georgia.
Cualquier individuo que Estados Unidos considere que debe permanecer detenido será trasladado a otra instalación, informó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, cuando anunció la medida, que había sido solicitada por los defensores de inmigrantes.
“Permítanme exponer un principio fundacional”, dijo Mayorkas, “No toleraremos el maltrato de individuos detenidos por delitos civiles de inmigración ni condiciones de detención deficientes”.
Añadió que dejar de usar las instalaciones es parte de una campaña para impulsar “mejoras duraderas” en un sistema de detención que, según afirman desde hace mucho los defensores de inmigrantes, retiene durante demasiado tiempo y en condiciones inadecuadas a personas por delitos civiles de inmigración.
Revocar políticas de Trump
También refleja un esfuerzo general por revocar las políticas antiinmigrantes que caracterizaron la política federal durante la presidencia de Donald Trump.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), parte del DHS, tiene detenidas a unas 19.000 personas que no son ciudadanos estadounidenses para su deportación en unas 200 instalaciones en diversas partes del país, aproximadamente una cuarta parte menos que el año anterior. Cerca de 73% de quienes están detenidos no tienen antecedentes delictivos y muchos otros sólo han cometido delitos menores, según la Transactional Records Access Clearinghouse, una organización que recopila datos en la Universidad Syracuse.
En un comunicado que señalaba que “revisará las preocupaciones” relacionadas a otros centros de detención, el DHS insinuó que podrían clausurarse otras instalaciones de ese tipo.
“El anuncio de hoy muestra la voluntad del gobierno del presidente Joe Biden de apartarse decisivamente de los abusos contra los derechos de los inmigrantes que caracterizaron a administraciones anteriores”, opinó Naureen Shah, asesora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que recientemente pidió la clausura de 39 centros de detención de migrantes en todo el país.
La ACLU ha solicitado que se ponga fin a las “encarcelaciones por default” de inmigrantes y a los acuerdos con las autoridades estatales y locales que permiten que los prisioneros que no son ciudadanos estadounidenses sean trasladados a la custodia del ICE para ser deportados cuando cumplen su condena.
