- Los demandantes señalan que las políticas de USCIS ponen en peligro las protecciones humanitarias y ponen en riesgo de la deportación a los solicitantes de asilo y a los titulares del Estatus de Protección Temporal
Una coalición de organizaciones de defensa de los inmigrantes y sindicatos presentaron una demanda contra una serie de políticas ilegales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) que amenazan con despojar a decenas de miles de solicitantes de asilo y titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) de su capacidad para trabajar, apoyar a sus familias y permanecer seguros en los Estados Unidos.
“La Administración Trump está tratando de hacer nuestras vidas imposibles impidiéndonos trabajar. Pero la ley garantiza a los titulares de TPS el derecho a trabajar, y ahora presentamos este litigio para proteger ese derecho de los titulares de TPS y otros inmigrantes que están siendo atacados», subraya José Palma, Coordinador de la Alianza Nacional TPS.
Entre los demandantes figuran la Asociación Venezolana de Massachusetts; la Alianza Nacional TPS (NTPSA); el Proyecto de Defensa de Solicitantes de Asilo (ASAP); el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU); y 32BJ SEIU, representados por Democracy Forward, National Day Laborer Organizing Network y ASAP.
La demanda impugna la decisión de USCIS de rechazar las solicitudes de asilo pendientes y rescindir los permisos de trabajo cuando los solicitantes no pagan una tarifa anual de asilo recién creada, sin notificar lo suficiente que vence el pago, un período de gracia por retraso en el pago o cualquier forma de apelar un rechazo.
Expuestos a la deportación
“Esta política podría impedir permanentemente que las personas elegibles soliciten asilo, poner fin de inmediato a su autorización de trabajo y exponerlas a la detención y deportación a países donde enfrentan persecución”, dicen los demandantes.
Además, la demanda desafía la eliminación ilegal por parte de USCIS de una regla de décadas de antigüedad que requiere que la agencia procese las solicitudes iniciales de permisos de trabajo para solicitantes de asilo dentro de los 30 días, un cambio que la agencia realizó sin dar aviso al público ni la oportunidad de hacer comentarios como lo exige la ley.
“Como resultado, los trabajadores de la salud, los conserjes, los trabajadores aeroportuarios, los ingenieros, los trabajadores de servicios inmobiliarios y muchos otros en todo el país enfrentan la pérdida de sus empleos, seguro de salud y estabilidad financiera a pesar de seguir calificando para la protección humanitaria”.
Venezolanos preocupados
La Asociación Venezolana de Massachusetts (VAM) señala que el reciente terremoto en Venezuela ha dejado a innumerables familias en crisis y muchos de sus miembros se ven obligados a luchar para mantener su capacidad de vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos.
“Más del 60% de nuestros miembros han perdido a un amigo o familiar, y muchos están tratando de apoyar a sus seres queridos que han sido desplazados de sus hogares. Estas políticas amenazan la capacidad de nuestros miembros para trabajar, mantener a sus familias aquí y enviar asistencia a sus familias en Venezuela, en el momento en que más lo necesitan», expresa Carlos Martín Medina, Director de la Asociación.
«Crear nuevas barreras para las personas que buscan seguridad en nuestro país y arrancar el TPS a quienes enfrentarían peligro si fueran devueltos, son parte de la agenda antiinmigrante y antiobrera de esta administración. Esto no sólo es contra la ley, sino moralmente incorrecto. Reconocemos sus tácticas y nos negamos a guardar silencio», concluye la secretaria y tesorera de la SEIU, Rocío Sáenz.
