- Inmigrante de Cabo Verde que en algún momento vivió como indocumentada anuncia que va a renunciar a su cargo como concejal de Boston
La concejal de Boston Tania Fernandes Anderson que llegó a vivir a Roxbury a los 10 años y resultó elegida para un cargo público el 2021 pidió perdón a sus electores por los cargos que la implican en un caso de corrupción y anunció su renuncia.
Fernandes Anderson que representa al Distrito 7, que incluye Roxbury, Dorchester, Fenway y parte de South End y gana un salario de $120,000 al año como concejal, dijo que “haré todo lo posible para hacer una salida ordenada”, pero aún no está claro cuándo se llevará a cabo su renuncia.
La concejal de Boston se declaró culpable en un caso federal de corrupción pública vinculado a acusaciones de que robó miles de dólares a los contribuyentes en un esquema de soborno que tuvo lugar en el mismo Ayuntamiento. En diciembre pasado, Fernandes Anderson de 46 años de edad fue arrestada y acusada por esos cargos.
Nacida en Cabo Verde y a la edad de 10 años emigró a Roxbury, Fernandes Anderson fue la primera inmigrante africana, musulmana-americana y anteriormente indocumentada elegida al concejo de Boston en noviembre del 2021.
Fernandes Anderson, aceptó declararse culpable de dos de los seis cargos federales de corrupción que pesan en su contra. “He decidido declararme culpable y resolver el caso presentado en mi contra. Quisiera disculparme con mis electores, simpatizantes y todos los afectados”, dijo la concejal en un comunicado emitido por su abogado. “Por favor, perdónenme. Renunciaré. Es lo correcto”.
Cuando renuncie oficialmente, la ciudad comenzará el proceso de programar una elección especial, ya que su renuncia se produce más de 180 días antes de las próximas elecciones municipales regulares, según los estatutos de la ciudad. Su puesto permanecerá vacante hasta entonces.
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Su declaración se emitió horas después de que los documentos judiciales indicaran que se declarará culpable de dos cargos por presuntamente organizar un soborno de un miembro del personal del Ayuntamiento: un cargo de fraude electrónico y otro de robo de un programa que recibe fondos federales. La fiscalía retirará otros cuatro cargos de fraude electrónico como parte del acuerdo. La fiscalía recomendará que sea condenada a un año y un día de prisión, seguido de 36 meses de libertad supervisada, y que se le ordene pagar 13.000 dólares en concepto de indemnización. Como parte del acuerdo, Fernandes Anderson renunció a su derecho a apelar.
