Por abogada Janeth Moreno
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Bienvenidos a su Columna de Inmigración, donde cada semana escribo sobre temas migratorios.
Esta semana escribimos sobre la más reciente decisión de un juez federal del estado de Luisiana, quien decidió bloquear temporalmente al gobierno de Biden de terminar con el conocido «Titulo 42» .
El Título 42 inició bajo la administración de Donald Trump en marzo de 2020, pocos días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara la pandemia de COVID-19. Bajo el Título 42, miles de migrantes han sido expulsados de Estados Unidos y enviados a México (incluidos centroamericanos), con el argumento que representan un peligro para la salud y seguridad pública del país.
Basándose en este argumento, el gobierno utilizó esta herramienta para expulsar de forma rápida a miles de personas que venían en busca de protección. A la llegada de Biden al gobierno federal , se iniciaron diversos debates con la finalidad de ponerle fin a dicha norma. A principios de este mes, el gobierno anunció que eliminaría el Título 42 debido a que el el virus COVID-19 estaba bajo control en este país.
Durante este debate, gobiernos estatales gobernados por republicanos decidieron demandar al gobierno para no permitir que se diera por terminada a la tan polémica práctica de expulsión. El día lunes 25 de abril, el juez federal Obert Summerhays falló a favor de los estados republicanos poniendo freno de forma temporal a los planes de Biden.
El impacto de esta decisión será que por ahora migrantes que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos y que deseen ingresar o sean arrestados, podrán ser expulsados a sus países de forma mas rápida. Lo lamentable es que se ponen en riesgos derechos humanos fundamentales de personas que buscan asilo, ya que no se les dará oportunidad a poder ingresar al país, ni tampoco de poder exponer su caso ante un juez de inmigración, violándose así el debido proceso.
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