Por Max Torres
Cuando la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, dio el primer paso a comienzos de año al presentar su propio plan para introducir el control de alquileres en la ciudad, el concejal Ricardo Arroyo lo consideró como un “acto monumental”. El plan Wu fue aprobado por el pleno del Concejo Municipal con 10 votos a favor y 2 en contra, lo que se interpretó como un claro mensaje de la ciudad para proteger a los inquilinos de aumentos extremos e inasequibles. La propuesta pasó a manos de la Cámara de Representantes para su aprobación, pero quedó estancada por intereses creados. Según observadores políticos, la mayoría de legisladores tiene propiedades de alquiler y se opone a cualquier “rent control”.
La propuesta de la alcaldesa Wu tenía como propósito detener lo que describe como “las situaciones más dañinas que vemos en nuestros vecindarios, donde los alquileres de los miembros de la comunidad y los residentes se duplican y aumentan en un 50 por ciento de una manera que es extremadamente impredecible y simplemente insostenible”.
“Escuchamos a los residentes de todos los vecindarios lo terrible que es pagar el alquiler y vemos familias que están siendo expulsadas de las comunidades en las que crecieron y ayudaron a construir”.
Conmueve lo que dice nuestra alcaldesa y nos llena de tristeza que haya pasado tanto tiempo sin que la Cámara de Representantes se haya tomado el tiempo de por lo menos darle una hojeada a la propuesta aprobada por el Concejo de Boston para el control de los alquileres.
Los legisladores no le dieron ni la más mínima atención hasta que el Representante estatal, Mike Connolly, presentó a la fiscal general una petición como ciudadano privado para reactivar el control de alquileres. Contra lo que se podría esperar, la fiscal Andrea Campbell certificó la petición de Connolly que le abre paso a una posible pregunta electoral en las elecciones de noviembre del 2024.
¿Qué hay que hacer ahora? Comenzar el proceso de recolección de firmas para pedir a los votantes la aprobación de una nueva ley para la protección de los inquilinos no solo de Boston sino de todo Massachusetts. Se busca ahora revertir un referéndum de votantes de 1994, en el que los residentes del estado prohibieron el control de alquileres.
Connolly celebró lo que consideró “un hito” con otros legisladores, defensores de inquilinos y residentes de Boston, y al mismo tiempo recibió, como era de esperarse, un cargamontón de críticas de grupos inmobiliarios y de dueños de edificios de apartamentos.
«Han creado un monstruo que destruirá la producción de viviendas», espetó el vicepresidente de la Asociación de Pequeños propietarios, Amir Shahsavari, quien lideró hace 30 años la iniciativa para derogar el control de alquileres.
Nadie duda de que hay gente buena, honesta, entre los propietarios de vivienda, pero son más los codiciosos. El senador Jamie Eldridge es una clara referencia, se vio obligado a mudarse a otra comunidad del Metro West después de que los dueños de la vivienda que ocupaba duplicaron el precio del alquiler. Las historias se repiten en diferentes ciudades cuyos inquilinos reportan aumentos del 100% y hasta de 200%.
Si la pregunta aparece en la boleta electoral la decisión de aprobar el control de alquileres estará en manos de los votantes.
¡Sigamos cuidándonos! Sin salud mental, no hay salud.
Maximo Torres
Editor, El Mundo Boston
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