En marchas en Chelsea y Lynn residentes y defensores de la vivienda piden a legisladores extender moratoria estatal.
Alto a los desalojos. Chelsea y Lynn, dos de las ciudades que tienen una gran población latina y que están en el mapa como zonas de “alto riesgo” por el COVID-19, fueron el epicentro de dos airadas manifestaciones públicas frente a sus respectivos ayuntamientos para instar a los legisladores estatales a aprobar una legislación que extienda la moratoria sobre los desalojos.
“Nuestro objetivo es alertar a las autoridades sobre un problema real que enfrentamos de un posible tsunami de desalojos una vez que se levanten las protecciones de la moratoria en Massachusetts”, dice Eric Shupin, director de políticas públicas de la organización sin fines de lucro ‘Citizens Housing and Planning Association’, o CHAPA, una organización que apoya iniciativas de vivienda asequible en todo el estado.
La organización propone que el estado dedique $ 175 millones para ayudar a pagar los alquileres; $ 25 millones para esfuerzos de divulgación; y $ 15 millones para asistencia legal para inquilinos.
Esta ayuda está dirigida no solo a prevenir una crisis de vivienda y una ola de personas sin hogar, sino a mantener solventes a los propietarios y, a su vez, a los bancos que mantienen sus hipotecas. Un punto clave en las negociaciones estatales es si los propietarios podrán reclamar todo el alquiler atrasado que se les adeuda o si tendrán que aceptar una cantidad con descuento.
Con pancartas, carteles, ataúdes, colchones y otros elementos para llamar la atención, los manifestantes marcharon alrededor de los municipios de Chelsea y Lynn diciendo “todos merecemos un hogar seguro durante una pandemia”.
Miembros de “Lynn United for Change”, organización que promovió la marcha en Lynn. señala que “la moratoria de desalojo expirará en unos días; necesitamos que nuestro gobierno estatal apruebe la Ley de Estabilidad de Vivienda para proteger contra los desalojos masivos y las ejecuciones hipotecarias. Necesitamos que nuestras autoridades estatales y locales tomen todas las medidas posibles para proteger a nuestra comunidad”.
Las Cortes distritales están planeando agregar recursos para manejar una inundación esperada de solicitudes de desalojo que podría ocurrir poco después de que finalice la moratoria de desalojo del ELA el 17 de octubre. “Queremos asegurarnos de que las personas puedan permanecer en su hogar”, anota Paula Carey, presidente del Tribunal de Primera Instancia. “Algunas personas recibirán este ‘aviso de desalojo’ y pensarán que tienen que irse. Eso no es lo que queremos”,.
Al estado le quedan al menos $ 800 millones de los $ 2.7 mil millones en dinero de la Ley CARES que recibió del gobierno federal, según el Centro de Política y Presupuesto de Massachusetts, un grupo de investigación independiente. Esos fondos deben usarse antes de fin de año, y los defensores de la vivienda están buscando alrededor de $ 200 millones para un programa que pague a los propietarios a quienes se les debe el alquiler.
