Por Ciro Valiente
El Departamento de Seguridad Nacional programó el lunes un documento para su publicación en el Registro Federal anunciando la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos amparados bajo la redesignación de 2023, argumentando temas de interés nacional y «mejoras notables» en áreas como economía, salud pública y seguridad en la nación suramericana.
Sobran calificativos para describir esta decisión que ignora la realidad que millones de venezolanos enfrentan en su país, y cae como un enorme balde de agua helada para los que dependen de esta protección para seguir con vida y recibir un poco de alivio ante la profunda crisis en la que sigue sumergida Venezuela.
Desde la anterior administración del presidente Biden hasta miembros del Congreso e incluso el actual Secretario de Estado, Marco Rubio, han reconocido la persistente crisis en Venezuela, y conocen de cerca el sufrimiento de los que han llegado a Estados Unidos en busca de un lugar donde puedan seguir con vida tras huir del régimen de Maduro que secuestra, tortura y asesina.
De acuerdo con el documento que le pone fin al TPS, a partir de abril 300.000 venezolanos se quedarían sin estatus legal, y los que no tengan algún otro caso pendiente que les permita quedarse en el país, serán forzados a regresar a Venezuela.
«Hay mejoras notables en varias áreas como economía, salud pública y seguridad, que permiten que estos nacionales regresen sanos y salvos a su país de origen», dice el documento emitido por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem y que tiene previsto publicarse en el Registro Federal el 5 de febrero.
Tan solo escuchar la última parte de esa oración hace que hierva la sangre, y no solo por la atrocidad, por la irresponsabilidad, el desconocimiento de una cruel realidad, sino por la falta de empatía con los cientos de miles de venezolanos de bien que están contribuyendo enormemente con este país, y que de volver, en muchos casos, terminarían en un centro de tortura, desaparecidos, o sepultados en un cementerio.
Con ese indignante argumento no solo se busca quebrarle la moral a un pueblo, sino entregar los venezolanos en bandeja de plata a quienes muchos miembros del gobierno consideran enemigos, y que se deben estar frotando las manos para vengarse de los que los han denunciado constantemente. Entregar a los venezolanos significa cooperar con la abominable operación tun-tun, con la que secuestran impunemente a cualquier detractor de Maduro.
Criminalización de una comunidad entera
El Departamento de Seguridad Nacional ha justificado su decisión aludiendo a la supuesta amenaza que representa la presencia de venezolanos en Estados Unidos, vinculándolos con el grupo criminal Tren de Aragua.
Sin embargo, según cifras oficiales, se estima que alrededor de 600 individuos podrían estar asociados con esta organización criminal, mientras que la comunidad venezolana en todo el país asciende a alrededor de 1.3 millones de personas, de acuerdo con cifras no oficiales reveladas por Adelys Ferro, directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus.
«Seiscientas personas de un millón trescientos mil es el 0.04 por ciento. Ninguno de esos criminales tiene estatus de TPS, y saben por qué, porque una persona que tiene TPS es alguien que quiere vivir dignamente y trabajar; porque una persona que tiene TPS pasa un proceso biométrico y una revisión de seguridad; porque una persona que tiene TPS quiere producir, tener la oportunidad de una casa propia o establecer un negocio», dijo Ferro.
Criminalizar a más de un millón de personas por el comportamiento de un minúsculo grupo es no solo injusto, sino inhumano y atroz.
Una realidad que no puede ignorarse
Venezuela sigue sumida en una crisis devastadora en todos los sectores económico-sociales. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), 80 por ciento de los venezolanos vive en niveles de pobreza.
Hace menos de un mes el gobierno de Nicolás Maduro consumó un golpe de estado al tomar posesión para un tercer período, a pesar de que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones con casi el 70 por ciento de los votos, según las actas que la misma oposición difundió mesa por mesa, y que decenas de gobiernos, incluido el de Estados Unidos, Argentina, Panamá, República Dominicana, Perú, Chile, Paraguay, entre otros, reconocieron.
La decisión de revocar el TPS desconoce las continuas violaciones a los derechos humanos y pone al borde del precipicio a familias enteras que tienen años viviendo en Estados Unidos.
Si el gobierno de Trump realmente cree en la democracia y los derechos humanos, debería tener coherencia en el reconocimiento de que Venezuela sigue sin ofrecer condiciones seguras para el retorno de sus ciudadanos.
«El tema del TPS es un tema desgarrador, que nos preocupa enormemente. Mi prioridad es el bienestar de los venezolanos aquí y afuera, y queremos que regresen, pero para una Venezuela libre y próspera, donde a nadie se persiga, y que lo hagan voluntariamente», afirmó la líder de la oposición, Maria Corina Machado, en una conversación virtual con periodistas el lunes.
Terminar el TPS no solo es una medida completamente desconectada de la realidad, sino una traición al compromiso humanitario que Estados Unidos ha defendido históricamente.
Batalla judicial
La Alianza Nacional TPS en conjunto con el Comité TPS Massachusetts, la Asociación de Venezolanos de Massachusetts, Casa Venezuela New England, y líderes de la comunidad se reunieron el domingo en una asamblea informativa en East Boston para defender el programa.
«Estamos listos para la batalla», dijo el Coordinador de la Alianza Nacional TPS, José Palma, quien junto con abogados dicen estar preparados para apoyar a la comunidad venezolana y defender la cancelación del programa en los tribunales.
Otros grupos venezolanos y organizaciones pro inmigrantes en California y Florida también afirmaron estar listos para demandar al gobierno y lograr que los venezolanos se mantengan amparados por el beneficio migratorio.
La misma María Corina Machado, quien se ha mantenido en comunicación con altos funcionarios de la administración Trump, también dijo estar trabajando para buscar una solución para sus connacionales.
«Tenemos dos meses de aquí al 2 de abril y estamos abocados a buscar algún tipo de protección efectiva para los venezolanos de bien que son la inmensa mayoría», sentenció Machado.
