La decisión de la Corte Suprema que dictaminó por unanimidad que los que obtuvieron una estadía en el país por razones humanitarias no son elegibles para solicitar la residencia permanente. “Si bien esta decisión no impacta a toda la comunidad tepesiana, es cierto que va a afectar a muchos que están llorando porque estaban a punto de recibir su ‘green card’”, dice el coordinador del TPS en Massachusetts, José Palma.
“Lo que yo le pido a los miembros del TPS es calma y tranquilidad y esperar la decisión del gobierno y de los congresistas. Vamos a seguir pidiéndole al presidente Biden y a todos los congresistas demócratas que las promesas que han hecho durante su campaña las cumplan”, anotó Palma.
Son muchos los testimonios de beneficiarios del TPS que viven en el país por más de 25 años y han renovado 13 veces sus permisos de trabajo.
La Corte Suprema sostuvo que el gobierno puede bloquear a los no ciudadanos que se encuentran en los Estados Unidos bajo un programa que los protege temporalmente de la deportación en ciertas situaciones para que soliciten una tarjeta verde si ingresaron al país ilegalmente.
Los Dreamers afectados
«La decisión no es solo un revés para aquellos inmigrantes actualmente con Estatus de Protección Temporal que no ingresaron legalmente a los Estados Unidos; también refuerza las barreras que enfrentarían los Dreamers hasta que, y a menos que, el Congreso proporcione un camino legal hacia algún tipo de estatus legal permanente», dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor de la Escuela de la Universidad de Texas.
«El Poder Ejecutivo puede tener alguna autoridad para conferir formas de estatus legal temporal a quienes cruzaron la frontera sin permiso, pero la Corte Suprema reforzó, aunque indirectamente, que solo el Congreso puede dar una respuesta permanente».
El caso de pareja de salvadoreños
El caso se refiere a José Sánchez y Sonia Gonzales, una pareja de Nueva Jersey que llegó ilegalmente a Estados Unidos en 1997 y 1998 y ahora tiene cuatro hijos. El menor nació en Estados Unidos y es ciudadano.
Luego de una serie de terremotos en El Salvador en 2001, solicitaron y recibieron el Estatus de Protección Temporal, que protege a los ciudadanos extranjeros presentes en los Estados Unidos de ser deportados si han estado sujetos a conflictos armados o desastres ambientales en su país de origen. En 2014, la pareja buscó solicitar «ajustar» su estatus para convertirse en residentes permanentes legales y solicitar una tarjeta verde.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración denegaron su solicitud, señalando que no eran elegibles para solicitarla porque no habían ingresado al país legalmente y nunca fueron admitidos formalmente en los Estados Unidos.
El caso enfrentó dos secciones de la ley de inmigración: una que dice que aquellos en TPS deben ser considerados como «manteniendo el estatus legal», y otro que dice que para ajustar el estatus, un individuo en TPS debe haber sido admitido legalmente.
Kagan dijo que la concesión del estado de TPS no hace que un participante ilegal como Sánchez sea elegible para una tarjeta verde.
