El Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence (FIRRP) y Abogados por los Derechos Civiles (LCR) presentaron una demanda federal contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (“CBP”) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos («DHS») por no presentar registros sobre cómo se manejan las solicitudes de libertad condicional humanitaria.
La demanda se presenta bajo la Ley de Libertad de Información («FOIA») con base en una solicitud de registros públicos que FIRRP y LCR presentaron hace más de un año. El caso fue presentado en la corte federal de Boston.
La libertad condicional humanitaria es un medio crítico por el cual los inmigrantes están autorizados a ingresar al país por «razones humanitarias o un beneficio público significativo».
FIRRP brinda asistencia legal gratuita a miles de familias que ingresan a los Estados Unidos en la frontera entre Arizona y México, incluida la asistencia con las solicitudes de libertad condicional humanitaria.
Sin embargo, FIRRP ha estado preocupado durante mucho tiempo de que CBP no adjudica las solicitudes de libertad condicional humanitaria de manera oportuna y, a menudo, no actúa en absoluto.
“La libertad condicional humanitaria salva la vida de muchos migrantes”, dijo Mirian Albert, abogada del personal de LCR y una de las asesoras en la demanda. “Sin embargo, hay preguntas importantes sobre cómo CBP decide las solicitudes de libertad condicional humanitaria. Hacemos un llamado a la corte federal para que actúe de inmediato para que las agencias cumplan con la ley y para obligar a la publicación de todos los registros de respuesta que arrojen luz sobre cómo funciona este proceso”.
El estado de las leyes migratorias en los últimos años ha resultado en la erosión paulatina de los derechos de asilo a partir de la implementación de los Protocolos de Protección al Migrante (“MPP”), conocido como programa “Quédate en México”, y el Título 42, mecanismo que impone una prohibición a los solicitantes de asilo de varios países supuestamente debido a preocupaciones de salud pública asociadas con COVID-19.
