Inmigrantes detenidos en la cárcel de Massachusetts, conocida formalmente como el Centro de Detención para Inmigrantes C. Carlos Carreiro, también se han quejado de la falta de medidas para prevenir la propagación del COVID-19, así como de sobrepoblación y uso excesivo de la fuerza.
La fiscalía de Massachusetts emitió un informe en diciembre en el que determinó que los agentes violaron los derechos de los detenidos y usaron la fuerza de forma excesiva durante un disturbio en el lugar de principios de año.
El jefe de policía del condado Bristol, Thomas Hodgson, un republicano que fungió como presidente honorario de la campaña de reelección de Trump en Massachusetts, tachó la decisión como un “golpe político” del gobierno y agregó que pone a las personas bajo riesgo de ser atacadas por inmigrantes.
Actualmente, hay siete detenidos en la cárcel del condado Bristol, por debajo de los aproximadamente 150 al inicio de la pandemia, según Iván Espinoza-Madrigal, director de Abogados por los Derechos Civiles, que el año pasado presentó una demanda contra el gobierno para abordar lo que afirma que eran condiciones inseguras y de hacinamiento.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes han chocado frecuentemente con Hodgson por las condiciones de la cárcel, ubicada a unos 96 kilómetros (60 millas) al sur de Boston, cerca de Cape Cod, y elogiaron la decisión.
