Por Máximo Torres
No hace mucho en la Maverick Station de East Boston, José Reina, un salvadoreño beneficiario del TPS como se le conoce al programa de “Estatus de Protección Temporal”, me hablaba de sus angustias, del drama que vive a diario con su familia por la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos que anuló la orden judicial preliminar de un tribunal inferior que bloqueaba la terminación del TPS para unos 400.000 inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. En Massachusetts, el destino de casi 11,000 titulares del TPS y sus familias está en juego.
“En medio de esta pandemia que nos viene golpeando llega esta noticia que nos tiene atormentados, porque casi es un hecho la terminación de este beneficio que teníamos muchos inmigrantes por casi 20 años. Es terrible saber eso”, me decía casi temblando.
¿Por qué afectar a toda una comunidad de inmigrantes trabajadores? ¿Por qué quitarles un beneficio que ya lo tenían ganado por casi 20 años? ¿Por qué ensañarse con originarios de diversos países que han contribuido con esta nación que es de todos? No estamos defendiendo a los indeseables, a los malhechores, a los pandilleros o a los que viven del gobierno que en buena cuenta son los menos, sino a una mayoría de inmigrantes que como dice Reina “terminar el TPS es como quitarnos parte de la vida que tenemos en este país”.
Muchos de los beneficiarios del TPS tienen hijos nacidos en los Estados Unidos, son dueños de casa, han construido su vida en Boston o en cualquier parte de Massachusetts o de los Estados Unidos y son dueños de negocios, unos más grandes que otros.
Y la pregunta que se hacen muchos es ¿cómo podemos ser tan indolentes para arrebatarles todo lo que han construido para enviarlos de regreso a sus países de origen en medio de la agudización de la pobreza por la pandemia del coronavirus?
No sería justo ni humano y, según me decía Frank Shults, quien representa a uno de los más grandes sindicatos de trabajadores en Boston, el SEIU32BJ, “sería un desastre completo”.
Reina lleva viviendo 19 años en Boston desde que le dieron el TPS el 2001 como consecuencia del terremoto que devastó su país. Desde entonces trabaja legalmente en la industria de la limpieza, lo que le ha permitido no solo vivir con su esposa y sus hijos sino enviar dinero a sus familiares en El Salvador. Como él son miles los inmigrantes que están viendo apagar sus sueños por una “animadversión racial”, según dice Eva Millona, de MIRA Coalition.
«Poner fin al TPS es como poner en riesgo la vida de miles de inmigrantes, sin mencionar que, especialmente en medio de la pandemia de COVID-19, esos países no están en condiciones de darles la bienvenida de manera segura”.
Y esa es la realidad, cruda, cruel para miles de inmigrantes beneficiarios del TPS que van a perder su protección contra la deportación, unos el 5 de marzo del 2021 y los salvadoreños el 4 de noviembre del próximo año. No se vale.
¡Sigamos cuidándonos!
