Por Max Torres
La decisión de la administración Trump de poner fin a lo que se conoce como TPS al Estatus de Protección Temporal ha generado las más diversas reacciones de indignación. Son cientos de miles de inmigrantes que se van a quedar sin ningún tipo de protección expuestos a la deportación. Hondureños y nicaragüenses son los dos últimos países que han sido colocados en la lista de terminación del TPS del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) después de vivir casi toda una vida en Boston o en diferentes ciudades de los Estamos Unidos.
Ya han corrido la misma suerte inmigrantes de Nepal, Venezuela, Haití y otros países, que gozaban de ese beneficio temporal por años. La congresista demócrata Ayanna Pressley por Massachusetts calificó de “cruel e inhumana” al conocer la cancelación del TPS para unos 60,000 haitianos.
Las protecciones para hondureños y nicaragüenses finalizarán a partir del 6 de septiembre o 60 días después de que se publiquen en el registro federal las notificaciones de terminación.
El TPS permite a los inmigrantes de los países designados permanecer en Estados Unidos hasta por 18 meses con autorización de empleo legal cuando situaciones como conflictos armados o desastres naturales impiden un regreso seguro. Los nicaragüenses recibieron por primera vez la designación de TPS en 1999 y los hondureños estaban cobijados bajo las inundaciones, sequías y niveles de delincuencia y violencia que se vivía en el país. El DHS estima que hay alrededor de 72,000 beneficiarios hondureños del TPS y 4,000 de Nicaragua, aunque muchos ya obtuvieron su residencia permanente.
Frente a estos dramáticos momentos que viven venezolanos, hondureños, nicaragüenses, haitianos y de otros países que están en el proceso de perder el Estatus de Protección Temporal, las reacciones han sido de las más críticas no solo a nivel local sino nacional.
“La administración Trump ha declarado la guerra al TPS”, ha dicho Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California. “La secretaria Noem, a través de sus acciones, busca desmantelar la ley que ha brindado alivio humanitario a cientos de miles de personas que no pueden regresar de forma segura a sus países de origen”.
“Las decisiones de quitar el estatus legal a personas que han vivido en Estados Unidos por al menos diez años, y en la mayoría de los casos más de 25, y que han seguido todas las reglas, no solo son crueles sino ilegales”, según reza en un comunicado de Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON),
A nivel local, Doris Landaverde, miembro de la Alianza Nacional del TPS, ha salido al frente para defender a los beneficiarios del TPS. “Nosotros vamos a luchar por nuestra gente» dice, anticipando que ya hay una demanda contra la administración del presidente Trump por quitar el TPS a cientos de miles de inmigrantes, llamando a la comunidad a unirse para apoyar las próximas acciones.
Los demandantes también alegan que las decisiones de cancelar el TPS han sido motivadas por prejuicios raciales, lo cual violaría la Constitución, impugnando la negativa del gobierno a ofrecer un período de transición o “reducción gradual” más extenso para los beneficiarios de TPS que han vivido durante décadas en los Estados Unidos. Ningún secretario anterior ha negado un período de transición ordenada de al menos seis meses cuando un país ha tenido TPS por tres años o más.
Sin embargo, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha sido clara y rotunda en su comunicado. “El Estatus de Protección Temporal fue diseñado solamente para ser eso: temporal. Está claro que el gobierno de Honduras ha tomado todas las medidas necesarias para superar los efectos del huracán Mitch, hace casi 27 años”. Ahora, ¿los salvadoreños con TPS estarían en la lista del Departamento de Seguridad Nacional? ¿Quién sigue?
¡Sigamos cuidándonos! Sin salud mental, no hay salud.
Maximo Torres
Editor, El Mundo Boston
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