En qué puede ayudar el Ingreso Mínimo Garantizado a las comunidades latinas de Massachusetts gravemente afectadas por COVID-19

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Residentes latinos reciben comida durante la pandemia en La Colaborativa en Chelsea. Foto: Natalia Aponte
Articulo editorial escrito por, Bansari Kamdar Research Associate – The Mauricio Gastón Institute for Latino Community Development and Public Policy at the University of Massachusetts Boston y Trevor Mattos – Research Manager Boston Indicators.

Comparada con otros grupos raciales/étnicos, la población latina tiene ingresos más bajos y tasas de vivienda propia más bajas incluso desde antes de la pandemia. Casi uno de cada cuatro hogares latinos sufría inseguridad alimentaria —tres veces el promedio estatal y más del doble que otros grupos raciales. 

Con el estallido de la pandemia y el cierre forzado de actividades que la siguió, muchos de estos desafíos preexistentes se combinaron. Las ciudades con más alta población latina padecieron tasas más altas de transmisión de COVID-19.

Aunque el desempleo aumentó para todos los grupos étnicos y raciales durante la pandemia, aumentó más para los trabajadores latinos, alcanzando un tope del 29.9%, según un reporte publicado en MassBenchmarks por Boston Indicators y el Instituto Gastón. Los trabajadores latinos, más propensos a trabajar en los sectores de hospitalidad y gastronomía, padecieron no sólo despidos más severos sino más exposición al virus. 

Dado que más de la mitad de los estimados 215,000 inmigrantes indocumentados en Massachusetts son de origen latinoamericano o caribeño, los trabajadores latinos tuvieron más probabilidad de perder sus trabajos y de no calificar para ningún tipo de asistencia gubernamental. 

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El daño económico causado por los cierres relacionados con la pandemia también condujo a que se duplique la inseguridad alimentaria en Massachusetts, forzando a muchas familias a hacer filas en comedores comunitarios o aplicar para asistencia gubernamental. Algunos hogares latinos pueden haber sido más propensos a sufrir inseguridad alimentaria bien sea por no calificar para recibir asistencia gubernamental debido a su estado migratorio, o por haber vacilado a acceder a SNAP u otros programas de apoyo debido a la regla de cargo público ampliada por la administración de Trump. 

El pago del costo de vivienda también ha sido un desafío apremiante ante la situación de COVID-19. Mientras muchos hogares latinos ya sentían antes de la pandemia el costo de este pago (pagando por ello más del 30% de sus ingresos antes de impuestos), las pérdidas de ingresos y trabajos que siguieron debido a COVID hicieron incluso más difícil afrontar costos de vivienda para muchas familias. Tan pronto como la pandemia empezó, las comunidades afroamericanas y latinas duplicaron a los asiáticos y blancos en la falta de pago del último mes de alquiler o hipoteca. 

Propuesta para un “ingreso mínimo garantizado” en Massachusetts

Aunque el Congreso ha aprobado una legislación importante para ayudar en la recuperación, la magnitud de la crisis económica durante la pandemia hará probable que sus efectos posiblemente perduren luego de intervenciones federales, especialmente en comunidades más desfavorecidas. Esto serviría solamente para profundizar la tan arraigada desigualdad que precede a COVID-19. Pero en vez de sentarse y esperar a que esto pase, nuestro estado podría tomar acciones para ayudar a las familias durante la actual crisis económica y comenzar a rebalancear nuestra economía a largo plazo. Una estrategia prometedora para fomentar seguridad económica es darles a las familias asistencia directa en efectivo y proveer un ingreso mínimo garantizado en Massachusetts. 

El Crédito Tributario Por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit—EITC) ofrece un camino potencial para crear un ingreso mínimo garantizado en Massachusetts. Con sólo cinco reformas al EITC del estado, Massachusetts podría proveer a las familias que ganan hasta $70.000 anuales con un crédito tributario en efectivo de por lo menos $1.200 al año y dar así cobertura a los hogares que directamente no perciben ingresos, actualmente excluidos del EITC. 

Estos cambios crearían un ingreso mínimo garantizado y mejorarían la seguridad económica en todo Massachusetts. Duplicarían el número de beneficiarios del EITC de 900.000 a 1,8 millones (20% de ellos siendo latinos), y duplicarían el promedio de dólares distribuidos de $685 a $1.386. 

Las cinco reformas al EITC del estado incluyen: 1) Incrementar la tasa de contrapartida estatal del EITC federal del 30 al 50 por ciento ; 2) Proveer un mínimo de $1.200 de crédito a hogares con ingresos extremadamente bajos o sin ingresos; 3) Extender la elegibilidad para incluir familias con ingresos medios de hasta $75.000; 4) Expandir la elegibilidad de grupos previamente excluidos, incluyendo trabajadores que proveen cuidados (a niños o adultos mayores en su casa) sin percibir ganancias, estudiantes universitarios con bajos ingresos, e inmigrantes indocumentados que pagan impuestos con un Número de Identificación de Contribuyente Individual (Individual Taxpayer Identification Number); 5) Mejorar el acceso al EITC a través de servicios gratuitos de preparación de impuestos y pagos más frecuentes durante el año (por ejemplo, cada mes). 

Si bien el nuevo ingreso mínimo garantizado no es una panacea, ayudaría a las familias con ingresos bajos o moderados, particularmente hogares latinos o afroamericanos que han sido desproporcionadamente impactados por la pandemia. El apoyo a esta estrategia está creciendo, y recientemente el Senador estatal Jamie Eldridge presentó un proyecto de ley titulado “Ley para proveer Ingreso Mínimo Garantizado a todas las familias de Massachusetts”. 

El ingreso garantizado no es una nueva idea; de hecho, fue el Dr. Martin Luther King, Jr., quien dijo «Estoy convencido de que se probará que el enfoque más simple será el más efectivo—la solución a la pobreza es abolirla directamente con una medida ampliamente discutida: el ingreso garantizado». 

Ya se han implementado numerosos programas de asistencia en efectivo en todo el país. En Stockton, California, el programa “Demostración de Empoderamiento Económico de Stockton” ayudó a familias mediante $500 mensuales en efectivo sin restricciones por dos años, llevándolas a niveles de bienestar económico considerablemente más altos. Recientemente en Chelsea, Massachusetts, la administración de la ciudad ha provisto a familias con pagos mensuales de $200-$400 a 2.000 familias por cuatro meses, combinando fondos de asistencia federal con donaciones filantrópicas. 

Este enfoque es muy adecuado para la crisis de COVID-19, durante la cual el apoyo social existente no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de la población latina que ha sido particularmente afectada. La asistencia en efectivo también trata a sus beneficiarios con dignidad y ofrece flexibilidad empoderándolos para que ellos elijan cómo distribuir sus recursos. 

El gobierno federal ha implementado pagos en efectivo ya tres veces desde el comienzo de la pandemia, en adición a incrementar significativamente los pagos por seguro de desempleo y revisar el Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit.) Pero muchos en la comunidad latina han sido excluidos de estos programas federales. 

Massachusetts es un estado con suficientes recursos para asegurarse de que todos puedan lograr un estándar básico de vida. Un ingreso mínimo garantizado ayudaría a crear una recuperación justa y equitativa para salir de la crisis actual y volver a balancear nuestra economía con miras al futuro.