- La propuesta exigiría que todos los miembros de la familia demuestren que son ciudadanos estadounidenses o que se encuentran legalmente en el país, con la rara excepción de aquellos hogares que incluyan un niño que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
- Otro de los puntos claves de la propuesta busca fortalecer las verificaciones de antecedentes penales.
La gobernadora Maura Healey propuso nuevos cambios significativos a la ley de derecho a refugio del estado, incluyendo la imposición de un requisito de residencia legal y el fortalecimiento de las verificaciones de antecedentes penales. La propuesta fue presentada en una carta dirigida al presidente del Senado, al portavoz y a los presidentes de los comités de medios y arbitrios de la Cámara de Representantes y del Senado, instando a que los cambios se incluyan en el presupuesto complementario de asistencia de emergencia (EA).
“He evaluado la ley de derecho a refugio y las regulaciones, así como las cargas operativas del sistema. Con base en esa revisión, y frente a la inacción continua del Congreso y la falta de asistencia del gobierno federal, creo que estos cambios son apropiados y necesarios para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de refugios del estado de una manera que se alinee con la intención original de la ley”, dijo la gobernadora Healey.
“Además, estos cambios propuestos nos permitirán seguir garantizando la seguridad de nuestro sistema, apoyar a las ciudades y pueblos para abordar las necesidades de las familias sin hogar en sus comunidades y ponernos en el camino hacia un sistema de refugios más sostenible desde el punto de vista fiscal”.
Sistema de refugios más sostenible
“Nuestra administración ha avanzado en hacer que el sistema de refugios sea más sostenible desde el punto de vista fiscal y operativo”, dijo la vicegobernadora Kim Driscoll. “Ahora estamos viendo una cantidad sin precedentes de familias que salen de los refugios para obtener una vivienda permanente debido al trabajo que hemos realizado, incluido un uso más eficaz de los programas de estabilización de la vivienda, la capacitación de la fuerza laboral y la colocación laboral”.
Exigir verificaciones CORI a todos los solicitantes
Estos cambios propuestos siguen al reciente anuncio de la gobernadora Healey de exigir verificaciones CORI a todos los solicitantes de EA además de las verificaciones de antecedentes que ya se están realizando, realizar inspecciones en todos los sitios de refugio y contratar al ex comisionado de policía de Boston, Ed Davis, para liderar una revisión externa e independiente de la seguridad en los refugios de EA. El presupuesto complementario que presentó a principios de este mes también propuso reducir la duración de la estadía en los refugios de EA de nueve meses a seis meses.
Cambios propuestos a la ley de derecho a refugio
- Fortalecimiento de las verificaciones de antecedentes penales. La propuesta de la gobernadora requeriría que todos los solicitantes revelen las condenas penales en Massachusetts o en otro lugar. También codificará la política de la Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables de realizar una verificación CORI antes de la colocación.
- Implementar un requisito legal de residencia e intención de permanecer. Actualmente, cualquier intención de permanecer en Massachusetts puede probarse únicamente mediante autocertificación. Este cambio exigiría que cualquier persona que reciba EA demuestre su intención de permanecer en Massachusetts, ya sea a través de una verificación documentada o mediante tres meses de presencia física en el estado.
- Eliminar la elegibilidad presunta. Según la ley actual, se presume que los solicitantes de refugio son elegibles para el refugio y reciben los beneficios del refugio antes de presentar la documentación necesaria. Según la propuesta de la gobernador, los solicitantes de refugio estarían obligados a verificar su identidad, residencia y estado antes de la colocación.
- Cambios en los criterios de elegibilidad para el desalojo. Actualmente, las familias pueden ser elegibles para el refugio en función de varios tipos de desalojo sin culpa, pero sin limitación geográfica. Como resultado, las personas que han sido desalojadas en otros estados pueden venir a Massachusetts en busca de refugio. La administración propone exigir que los desalojos se realicen en Massachusetts para respaldar la elegibilidad, eliminando el escenario en el que un desalojo de un estado vecino lleva a una persona a venir a Massachusetts para solicitar los beneficios de refugio de EA.
- Exigir un estatus legal para todos los miembros de las familias con raras excepciones. La propuesta de la gobernadora exigiría que todos los miembros de la familia demuestren que son ciudadanos estadounidenses o que se encuentran legalmente en el país, con la rara excepción de aquellos hogares que incluyan un niño que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
Ley de derecho a refugio de hace 40 años
Massachusetts se convirtió en el único estado del país en adoptar una ley de derecho a refugio hace 40 años, que fue diseñada para proporcionar vivienda a familias necesitadas, específicamente mujeres embarazadas y niños sin hogar. Durante los últimos tres años, miles de familias han llegado a Massachusetts desde otros estados y otros países en busca de refugio. Desde que asumió el cargo en 2023, la gobernadora Healey ha implementado una serie de reformas para administrar el tamaño y el costo del sistema, incluido el establecimiento de un límite de 7500 familias y la implementación de requisitos de duración de la estadía. Recientemente anunció que la administración eliminará gradualmente el uso de hoteles y moteles como refugios para fines de 2025.
Algo Más
Desde noviembre de 2023, la Administración Healey-Driscoll ha ayudado a más de 6000 residentes de refugios a obtener autorizaciones de trabajo y ha conseguido miles de puestos de trabajo. Estos esfuerzos han ayudado a más de 4500 familias a salir del refugio el año pasado, y 430 familias han salido con éxito de los centros de respiro temporal (TRC) desde el 1 de agosto. Además de las salidas, más de 700 familias han sido desviadas del refugio de EA el año pasado debido a la inversión en servicios que ayudan a las familias a evitar el refugio y a recuperarse rápidamente.
