- Administración Healey-Driscoll reconoció que no ha estado realizando verificaciones de antecedentes completas de los inmigrantes indocumentados que viven en los refugios del estado
Mayor control. La administración de la gobernadora Maura Healey reconoció por primera que no ha estado realizando verificaciones de antecedentes penales completas a los inmigrantes indocumentados que se alojan en los refugios de emergencia en todo el estado, afirmando que recién van a comenzar a hacer verificaciones de antecedentes penales, comúnmente conocidas como CORI (Criminal Offender Record Information).
La decisión de realizar las comprobaciones CORI se habría tomado después del alboroto público por el arresto de Leonardo Andujar Sánchez, de 28 años, un inmigrante indocumentado que fue acusado de posesión de un rifle de asalto y 10 libras de fentanilo en un Quality Inn de Revere que se usaba como refugio.
El sistema de Asistencia de Emergencia financiado por el estado ha crecido en tamaño y costo en los últimos años con la llegada de miles de familias migrantes y un aumento en los desalojos locales que han llevado a más personas a la falta de vivienda.
La capacidad del estado para evaluar eficazmente a los residentes había sido recibida con escepticismo, especialmente porque muchas de las familias que ingresan a los refugios son inmigrantes recién llegados que provienen de países devastados por la violencia y políticamente volátiles.
Refugios con delincuentes
El caso de Andujar Sánchez no es un caso aislado, otro de los inmigrantes recién llegados fue arrestado por la presunta violación de una joven de 15 años en un refugio de Rockland. Healey dijo en esa ocasión que las personas que ingresaban al sistema de refugios estaban siendo examinadas por completo.
El estado ha estado realizando búsquedas de delitos sexuales y órdenes de arresto pendientes, pero no comprobaciones de actividad delictiva pasada. Las comprobaciones de órdenes de arresto se realizaron a los nuevos beneficiarios del refugio, según Noah Bombard, portavoz de la Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables. Noah no tuvo respuesta cuando se le preguntó cuántas personas con antecedentes penales viven actualmente en refugios para personas sin hogar de Massachusetts.
Cory Bernard Alvarez, arrestado por presunta violación, vivía en uno de los refugios del estado. Sánchez, arrestado en Revere por posesión de armas de fuego y drogas, era parte de una familia que había solicitado refugio.
Sobre el arresto de Sánchez, la gobernadora Healey dijo que era “indignante que este individuo se aprovechara de nuestro sistema de refugios para participar en actividades delictivas” y anunció que estaba ordenando una inspección de todos los refugios de emergencia de Massachusetts y una “revisión completa” del proceso de admisión del estado.
Algo Más
Los refugios atienden a familias en virtud de una ley única de Massachusetts que promete a las mujeres embarazadas y a las familias sin hogar con niños comida y refugio temporal. El costo del programa se ha disparado en los últimos años en medio de un aumento en la migración, y ha crecido hasta costar a los contribuyentes un total de $1.1 mil millones en los últimos dos años fiscales. Se espera que cueste una cantidad similar este año fiscal.
