- Auditora Estatal Diana DiZoglio publicó su primer informe anual de fraude en el que revela que muchas personas que recibieron asistencia pública no revelaron con precisión sus ingresos al Departamento de Asistencia Transicional ni a las agencias de MassHealth
Con la soga al cuello. “Para muchos residentes de todo el estado, los programas de beneficios públicos brindan acceso a artículos esenciales cotidianos, como alimentos y suministros médicos. Es a través de los esfuerzos de nuestros examinadores de fraude que continuamos ayudando a garantizar que los programas de beneficio público funcionen con transparencia, responsabilidad y equidad”, dijo la Auditora Estatal Diana DiZoglio al reveler que en el año fiscal 2023 se ha cometido fraude por más de $12 millones a los programas de asistencia pública y de MassHealth.
El primer informe anual de la Oficina de Investigaciones Especiales (BSI) del año fiscal 2023 (FY23) resume el trabajo que ha realizado para ayudar a que el gobierno funcione mejor mediante la investigación, conforme a la ley, del fraude, el abuso y los actos ilegales que involucran beneficios de asistencia pública en todo el Commonwealth.
Este año, BSI identificó $12,322,688 en fraude de asistencia pública en el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2023. BSI completó 5,100 investigaciones de fraude, un aumento del 40,8% con respecto al año fiscal 2022.
«Nuestra oficina continuará trabajando para garantizar que el dinero de los contribuyentes se utilice de manera efectiva y que los recursos estén disponibles para quienes realmente los necesitan y califican para recibirlos», subrayó DiZoglio.
El informe incluye tablas y figuras que muestran el fraude identificado por BSI y la fuente de referencia.
La Unidad Central de Procesamiento (CPU) recibió 8,643 nuevas remisiones para investigación en el año fiscal 2023 (FY23) y procesó, analizó y revisó 5,552 remisiones, mientras que la Unidad de Investigaciones de Fraude (UIF) completó 981 casos en el año fiscal 23, lo que contribuyó a identificar un fraude por un total de $9,551,227.91 en 756 casos.
La Unidad de Análisis de Datos (DAU) generó 401 referencias a la CPU, la mayoría de las cuales alegaron que los asistentes de atención personal (PCA) no divulgaron con precisión sus ingresos al Departamento de Asistencia Transicional (DTA) y a las agencias de MassHealth como se requería mientras recibían beneficios de asistencia pública.
BSI investiga programas administrados por el DTA y la División de Asistencia Médica (que administra MassHealth). Además, BSI tiene un acuerdo con el Departamento de Educación y Atención Temprana (EEC) para investigar también el fraude en ese programa. BSI recibe referencias para investigación de sus agencias asociadas, consejos públicos, referencias de agencias federales y mediante el uso de sus herramientas de análisis de datos.
El público puede denunciar un posible fraude a BSI en: https://www.mass.gov/how-to/report-public-benefit-fraud-to-the-office-of-the-state-auditor
