Por Frank Ramírez
Yarithza Rostrán, Jesús Téfel y Ernesto Medina, fueron entrevistados en el programa Esta Semana sobre las lecciones de la Rebelión de Abril en el esfuerzo de la oposición, cuatro años después, para encauzar al país hacia una transición democrática.
En sus propias palabras: Recordando 2018, Mairena dice que “una de las cosas que nunca esperábamos, era la cruel represión que se iba a desatar y la persecución política en contra del estudiantado, que provocó más de 100 expulsiones arbitrarias [incluida ella misma], y el encarcelamiento y desplazamiento de miles de estudiantes”.
Medina confirma que “no estábamos preparados para la represión”, en parte, porque pensábamos que, si estábamos en un diálogo, es porque había voluntad para buscar una solución a la crisis, “que ya se sabía que era muy grave y muy profunda”, mientras Téfel recuerda que “la gente estaba en la calle, y Ortega tomó la decisión de frenarlo todo a punta de bala, represión y cárcel, y nosotros no estábamos por una vía armada”.
Tres años más tarde, Ortega volvió a reprimir, pero esta vez usando más garrotes y barrotes, que balas, en un escenario que, cuando se cumplen cuatro años de la Rebelión de Abril, significa más de 170 reos de conciencia en las cárceles, luego de ser sometidos a juicios que resultaron en condenas utilizando sus leyes espurias.
Téfel recuerda que, en los primeros meses de 2021, mientras encontraban la mejor forma de organizarse para presentarse a lo que todavía esperaban fuera una elección aceptable en noviembre de ese mismo año, nadie se engañaba sobre el riesgo de que una vez más, Ortega y Murillo se decidieran a ir “con todo”.
¿Qué ha hecho la administración de Biden hasta ahora?
El presidente Trump impuso sanciones a más de 20 funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, entre ellos su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y tres de sus hijos. Pero el gobierno demócrata de Bien ha sido testigo de una reelección de Ortega, por lo que se esperaba que el papel de Biden sería fundamental y puesto a prueba en la política exterior respecto a Nicaragua.
Voz de América (VOA) ha documentado que cinco meses después de haber tomado posesión, Biden impuso las primeras sanciones al gobierno de Nicaragua, en respuesta al encarcelamiento de varios aspirantes a la presidencia y activistas durante la campaña electoral para las elecciones de noviembre de 2021, donde Ortega se impuso para un nuevo mandato.
En la primera ronda de sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. fue incluida Camila Ortega, hija de Daniel Ortega, e importantes funcionarios de su gobierno.
En julio, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a más de un centenar de miembros de la Asamblea Nacional y del sistema judicial de Nicaragua por ser “responsables o cómplices en el socavamiento de la democracia” en el país centroamericano.
El secretario de Estado, Antony Blinken, citó como motivos el encarcelamiento masivo de opositores y una serie de leyes que calificó de “represivas”, como la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Agentes Extranjeros.
Más tarde, en agosto, fueron sancionados 50 familiares inmediatos de diputados de la Asamblea Nacional, así como de jueces y fiscales. Blinken hizo mención especial al encarcelamiento de Berenice Quezada, candidata a vicepresidenta del ahora desaparecido partido Ciudadanos por la Libertad.
Sanciones a medias
Expertos nicaragüenses dijeron a la VOA que, aunque las medidas en el primer año de gobierno de Biden mantienen la presión contra Managua para encauzar hacia la democracia al país, el tono ha sido más bajo que en los años de Trump.
“En términos generales, Biden ha seguido el mismo tipo de políticas hacia América Latina, que es el tema de concentrarse en no permitir que se siga deteriorando la democracia para detener la inmigración hacia Estados Unidos, pero ha mantenido un tono más bajo con relación a la administración anterior”, dijo el exdiputado Eliseo Núñez.
Tras concretarse las elecciones donde Ortega se impuso como el ganador, Biden sancionó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer, el 10 de noviembre.
Esta ley estableció una serie de instrucciones para que Estados Unidos utilice medios diplomáticos para presionar al gobierno de Nicaragua a que celebre elecciones libres, que van desde sanciones individuales a mecanismos de vigilancia anticorrupción e incluso la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y Estados Unidos.
Indiferencia y pasividad
Sin embargo, el exsubsecretario de Estado, Elliot Abrams, fustiga la falta de acciones contundentes hacia la dictadura de Daniel Ortega de parte de la administración de Joe Biden y dice que el régimen se vale de eso para intensificar su ola de represión.
La administración de Joe Biden presta poca atención y hace muy poco ante la feroz ofensiva de Daniel Ortega a los opositores nicaragüenses, es algo que sabe el dictador y le alienta a generar mayores olas de represión. Esa es la dura crítica que hace el influyente político y diplomático estadounidense, Elliot Abrams, en una columna publicada en The Council of Foreign Relations.
The Council of Foreign Relations es un tanque de pensamiento especializado en política exterior y en los asuntos internacionales estadounidenses. “A pesar de todos los discursos sobre la importancia de los derechos humanos, la administración Biden se mantiene al margen mientras la democracia es aplastada en Nicaragua”, escribió Abrams, exsubsecretario de Estado en las administraciones republicanas de Ronald Reagan, y también un cercano asesor del presidente George W. Bush para Estrategia de Democracia Global.
