Nicaragua ha regresado a los tiempos de la dinastía de los Somoza. La revolución sandinista se ha esfumado gradualmente para dar lugar a una dictadura conyugal, es decir, la dictadura familiar de los Somoza se ha transformado en una dictadura conyugal que sigue constriñendo las libertades e incrementando la represión.
Ya nada queda de la última revolución armada de América Latina y lo que queda de su legado en Nicaragua. Solo algunos viejos protagonistas y símbolos como la bandera rojo y negro han quedado. La insipiencia de una nueva revolución pacífica en el 2018 fue demolida brutalmente.
Ha pasado años desde esa fallida revolución pacífica del 2018 y de la erupción política de los nicaragüenses que reclaman justicia, democracia y libertad debido a la represión. Las violencias y atropellos a su ciudadanía indican que Nicaragua ha enfrentado la represión más brutal desde su guerra civil. Nicaragua y su gente están sufriendo en desgracia a manos del gobierno de Ortega-Murillo.
Más de 300 personas han muerto, 800 han sido tomadas como presos políticos y miles han sido obligadas al exilio. En el primer aniversario de las protestas intersectoriales y de la represión gubernamental, invito a la comunidad de Boston y Massachusetts a que pongan atención a lo que sucede en ese hermano país y a entender las serias violaciones a los derechos humanos y civiles en Nicaragua.
Aterrorizados
Del terror del régimen militar de Somoza al terror de las turbas – paramilitares y matones civiles contratados por la dictadura
La Rebelión de Abril sacudió a la dictadura y la puso a la defensiva. La inmensidad de las manifestaciones por varias semanas sorprendió a todos los nicaragüenses. El país no vivía unas protestas iguales desde el final de la dictadura por más de 40 años.
La ciudadanía, de manera autoconvocada, generó todas las condiciones para una transición democrática, cívica y pacífica. Viéndolo ahora en retrospectiva, pudieron haberse hecho cosas distintas en las negociaciones… se pudieron haber planteado cosas diferentes desde ciertos poderes fácticos”, reflexiona el activista Jesús Téfel, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
Igual que durante la dictadura de Somoza quedaron acosados los partidos políticos y sindicatos independientes de trabajadores. El Régimen actual aplicaba la censura sobre los medios de comunicación y se limitan los derechos y libertades, como la libertad de expresión y de manifestación. El gobierno de Daniel Ortega siempre se tomó en serio aquello de que el Estado debe tener el monopolio de la violencia. (The New York Times, 29 de mayo de 2018).
Una de esas cosas que el gobierno pudiera haber hecho de manera distinta, es el establecimiento de un auténtico diálogo entre la gente en las calles, y la Alianza Cívica sentada a la mesa del diálogo, que en ese momento representaba a la mayoría de los ciudadanos en rebelión.
Protestas documentadas
Como ha documentado ampliamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH en Ingles,):
Las protestas iniciadas en abril de 2018 fueron reprimidas mediante el uso de fuerza letal por grupos policiales y parapoliciales bajo el gobierno del presidente como su comandante en jefe. Un estado policial fue también establecido para sofocar la disidencia y cerrar los foros democráticos a través de detención arbitraria y privación de libertad de los considerados disidentes, lo que manifestaciones públicas ilegales, y allanamientos y tomas de las instalaciones de derechos humanos, organizaciones y medios de comunicación independientes, entre otros.
Esta respuesta estatal fue posible gracias al sometimiento del poder judicial y la Procuraduría General de la República a la voluntad del gobierno, así como cualquier otra poder público que haya controlado o denunciado la actuación del gobierno, socavando claramente el estado de derecho y la democracia, puesto de relieve por el desprecio para el mandato de independencia judicial y separación de poderes, principalmente a través de la violencia y la criminalización de la disidencia, la manipulación del derecho penal, falta de garantías de independencia e imparcialidad judicial, y la impunidad en torno a las violaciones de los derechos humanos.
Además, la Asamblea Nacional, en pleno alineamiento con el poder ejecutivo, promulgó un grupo de leyes cuyo objeto sería cerrar foros democráticos y restringir la libertad de expresión de las voces disidentes.
