En una reunión virtual en la que participaron la congresista Ayanna Pressley, líderes locales, oficiales electos y los inmigrantes afectados, se destacó la urgencia de que el estado apruebe un proyecto de ley que otorgaría licencias de conducir a inmigrantes indocumentados, particularmente durante la crisis de COVID-19. El evento incluyó historias dramáticas de inmigrantes sin papeles por su incapacidad de obtener una licencia de conducir.
«Este proyecto de ley, para otorgar licencias a todos los conductores, independientemente de su estado migratorio, debe ser una parte esencial de nuestra política de salud pública y recuperación económica. Sin licencias de conducir, muchos de nuestros trabajadores esenciales tienen que subir a los autobuses o trenes para llegar al trabajo. Esto pone en riesgo sus vidas y la salud de nuestra comunidad», dijo Natalicia Tracy, directora ejecutiva del Centro de Trabajadores de Brasil.
El tema principal de la reunion virtual la Ley de movilidad laboral y familiar, actualmente en la Legislatura de Massachusetts, que permitiría a los inmigrantes calificados obtener una licencia de conducir estatal estándar, independientemente del estado de inmigración.
Entre los oradores figuraron la congresista Ayanna Pressley, el fiscal de distrito del noroeste David Sullivan y el presidente de Massachusetts AFL-CIO Steven Tolman.
«La urgencia de aprobar este Proyecto de ley es mayor que nunca», dijo Roxana Rivera, vicepresidenta de 32BJ SEIU. «Antes de la pandemia, esta política era de sentido común. Ahora, se trata de proteger vidas y ayudar a los trabajadores a poner comida en la mesa. Si los trabajadores indocumentados están en mejores condiciones de acceder a buenos trabajos de manera segura, ayudarán a nuestra economía a recuperarse más rápidamente y ayudarán al estado a generar más ingresos a largo plazo «.
Los últimos datos muestran que aproximadamente 185,000 inmigrantes indocumentados viven en Massachusetts. Si los legisladores estatales aprueban el proyecto de ley, se estima que entre 41,000 y 78,000 conductores obtendrían licencias dentro de los primeros tres años de implementación. Un análisis publicado antes de la crisis de COVID-19 y su recesión económica asociada encontró que esto podría generar $ 6 millones en ingresos por comisiones dentro de estos tres años iniciales, así como $ 5 millones por año de los impuestos sobre el combustible de motor y las compras relacionadas con los automóviles.
