Concejales latinos de la ciudad de Boston Julia Mejía y Ricardo Arroyo presentan una orden de audiencia sobre transparencia y responsabilidad del gobierno hacia el equipo de vigilancia.
Grave denuncia. “Como Concejo Municipal, es inaceptable que obtengamos más información sobre lo que está haciendo nuestro departamento de policía de las noticias que de nuestra propia ciudad”, dijo la concejal At-Large de Boston, Julia Mejía, quien se unió al concejal Ricardo Arroyo para presentar una orden de audiencia sobre transparencia y responsabilidad del gobierno con respecto a los equipos de vigilancia.
La orden de audiencia es en respuesta a informes recientes que encontraron que el Departamento de Policía de Boston usó más de $600,000 en fondos obtenidos a través de la confiscación de activos civiles para comprar un simulador de sitio celular, también conocido como «stingray», sin notificar al Ayuntamiento de Boston.
“Presentamos esta orden de audiencia porque necesitamos responsabilidad y supervisión. Nuestra esperanza es que podamos usar esta audiencia para asegurarnos de que estamos poniendo de relieve cualquier cantidad de dinero ‘oculto’, especialmente el dinero que se usa sin nuestro consentimiento», dijo el concejal Arroyo.
El Concejo Municipal de Boston ha tomado medidas previamente para promulgar y hacer cumplir las leyes de supervisión de vigilancia en toda la ciudad. En 2020, el Ayuntamiento de Boston aprobó una ordenanza que prohíbe las tecnologías que identifican y rastrean automáticamente a las personas usando sus rostros. En 2021, el Concejo aprobó una ordenanza que requiere que cualquier financiamiento, adquisición o uso de equipos de vigilancia reciba la aprobación del Concejo.
“La protección de las libertades civiles y la protección de nuestras comunidades no se excluyen mutuamente”, dijo el concejal Arroyo. “Hacerlo depende de nuestra capacidad para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Esta es una continuación de nuestros esfuerzos y responsabilidad para hacerlo”.
“Con demasiada frecuencia, los departamentos de policía obtienen equipos de vigilancia invasivos y costosos en secreto y sin ningún compromiso democrático o debate público”, dijo Kade Crockford, directora del programa Tecnología para la Libertad de la ACLU de Massachusetts. “La ACLU apoya a los concejales Mejía y Arroyo en su búsqueda continua de transparencia y supervisión para garantizar el control comunitario de la vigilancia de la Policía de Boston, y esperamos una discusión sólida en la audiencia”.
