Por abogada Janeth Moreno
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Bienvenidos a su Columna de Inmigración, donde cada semana escribo sobre temas de importancia para la comunidad migrante.
La Corte Federal de apelaciones permitió el miércoles pasado que el gobierno del presidente Joe Biden continúe aplicando sus criterios selectivos sobre quiénes deben ser deportados, rechazando con ello una de las impugnaciones de Texas a las políticas de inmigración del mandatario.
Recordemos que el día 18 de febrero el gobierno de Biden publicó los nuevos lineamientos que establecen las prioridades de deportación bajo esta nueva administración. Estos lineamientos positivos y significativos, dieron un giro a las prioridades impuestas durante la administración de Trump, donde ICE usaba tácticas mas agresivas usando cero discreciones para deportar extranjeros, incluyendo a aquellos con delitos menores.
Dentro de estos lineamientos también se contempló lo siguientes:
1. Detención de no ciudadanos, y quiénes pueden ser liberados.
2. A quiénes pueden poner en procedimientos de deportación y cuándo deberían terminar los procedimientos de deportación una vez comenzados.
3. Arrestos de no ciudadanos sólo por infracciones civiles; como quedarse después del tiempo permitido en sus visas.
4. Otorgar a un extranjero permiso temporal para permanecer en los Estados Unidos con libertad condicional y acción diferida.
¿Pero cuáles serán las prioridades de deportación que continúan en efecto?
A) Seguridad nacional: esta categoría incluye a personas relacionadas con terrorismo o espionaje, y personas que signifiquen un peligro para la seguridad nacional.
B) Seguridad en la frontera: aquí entran todas aquellas personas que entraron a Estados Unidos de forma ilegal a partir de noviembre 01, del 2020.
C) Seguridad Pública: aquí encontramos a esas personas que sean una amenaza para la seguridad pública. Incluyendo, personas que hayan sido sentenciadas por delitos graves agraviados, así como por delitos relacionados con pandillas, una vez determinado que alguien participó en dicha actividad.
Ante estos cambios varios estados se unieron para poner revés al gobierno de Biden y detener así la implementación de dichos cambios. El fallo del tribunal de apelaciones representa un logro para la comunidad migrantes especialmente aquellos en riesgo de deportación.
Por ahora los oficiales de ICE deberán de continuar considerando si el extranjero que ha sido sentenciado por delitos graves en el pasado representa una amenaza para la seguridad pública.
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