Entre la espada y la pared. Las protestas en la Casa del Estado se multiplicaron, unas a favor y otras en contra, tras la decisión del gobernador Charlie Baker de extender la moratoria hasta el 17 de octubre para evitar los desalojos y ejecuciones hipotecarias.
Los inquilinos agrupados en diferentes organizaciones llegaron hasta la Casa de gobierno para exigir una ampliación a la moratoria hasta de fin año. Los dueños de edificios de apartamentos lanzaron el grito al cielo argumentando que “eso los llevaría a la quiebra, muchos perderíamos nuestras propiedades”.
Más de 200 organizaciones comunitarias, laborales y religiosas enviaron una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Robert DeLeo, a la presidenta del Senado, Karen Spilka, y al gobernador Charlie Baker, instándolos a aprobar una Ley para garantizar la estabilidad de la vivienda durante la emergencia y recuperación de COVID-19.
El proyecto de ley está patrocinado por 89 miembros de la legislatura estatal, casi la mitad de todos los miembros del cuerpo legislativo. Los defensores dicen que es la única forma de evitar una enorme ola de desalojos cuando la moratoria actual termine.
La moratoria de desalojo y ejecución hipotecaria del estado fue promulgada en abril pasado en respuesta a la crisis COVID-19; Los funcionarios de los tribunales estatales de vivienda y los defensores de los propietarios predicen hasta 20,000 casos de desalojo tan pronto como termine la moratoria.
La expiración del aumento del desempleo y los pagos bajo la Ley Federal CARES pondrán en riesgo aún mayor a los inquilinos.
Con nuevos datos que muestran el impacto desproporcionado de los desalojos de comunidades de color latinos en Massachusetts se ven reflejados aún más en un millón de residentes estatales todavía desempleados,
Los defensores advierten que si no se aprueba la extensión se exacerbarán las desigualdades existentes y se afianzará aún más el racismo sistémico, perjudicará la salud pública y hará un daño tremendo a las áreas que han sido más golpeado por COVID-19.
Los argumentos de Baker
La moratoria se convirtió en ley el 20 de abril de 2020. Las limitaciones de esta ley sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias han permitido que muchos inquilinos y propietarios afectados por COVID-19 permanezcan en sus hogares durante el estado de emergencia, y esta extensión proporciona a los residentes de la Commonwealth con seguridad de vivienda continua a medida que las empresas se reabran con cautela, más personas regresan al trabajo y el estado colectivamente avanza hacia una «nueva normalidad». La moratoria expiraba el 18 de agosto de 2020.
Se recomienda encarecidamente a los inquilinos que continúen pagando el alquiler y a los propietarios que hagan sus pagos de la hipoteca, en la medida de lo posible. Para ayudar a los hogares de bajos ingresos a realizar pagos de alquiler e hipoteca, así como para ayudar a los propietarios que necesitan estos pagos de alquiler para pagar los gastos. La Administración Baker-Polito lanzó un nuevo fondo estatal de $ 20 millones, el programa de Asistencia de Alquiler e Hipoteca de Emergencia (ERMA) , el 1 de julio.
Durante esta extensión de 60 días, la Administración consultará con los administradores de la corte y otras partes interesadas sobre los programas y políticas para ayudar a los inquilinos a evitar el desalojo cuando se reanuden los procedimientos.
La ley suspende la mayoría de los desalojos comerciales residenciales y de pequeñas empresas, así como las ejecuciones hipotecarias residenciales. No exime a los inquilinos o propietarios de su obligación de pagar el alquiler o hacer los pagos de la hipoteca.
