- Representante estatal Mike Connolly celebra frente a la Cámara de Representantes luego de recibir la notificación de la fiscal general, Andrea Campbell, de que su petición para levantar la prohibición estatal sobre el control de alquileres ha sido certificada.
Se dio al fin. La Fiscal general Andrea Campbell le dio luz verde a una petición para levantar la prohibición estatal sobre el control de alquileres reavivando el debate después de 25 años de su abolición. El Representante estatal Mike Connolly que hizo la petición, celebró con defensores de los inquilinos y residentes de Boston este primer paso procesal clave para reactivar el control de alquileres con una pregunta que podría aparecer en la boleta electoral de las elecciones de noviembre del 2024.
“Estoy increíblemente agradecido con la fiscal general Andrea Campbell por certificar la posible pregunta electoral para reestablecer el control de alquileres en Massachusetts”, dijo Connolly.
Se espera como siguiente paso un proceso de recolección de firmas y según la oficina del secretario de Estado, William Galvin, los peticionarios deben presentar al menor 74,574 firmas certificadas antes del 6 de diciembre. Pero no más del 25 por ciento de las firmas pueden provenir de un solo condado, lo que significa que las firmas que superen las 18,643 de un condado no contarían para la votación total.
Si la pregunta aparece en la boleta electoral el próximo año, se pediría a los votantes la aprobación de una nueva ley para la protección de los inquilinos, que permitiría a las ciudades y pueblos regular los alquileres y los desalojos. Revertiría un referéndum de votantes de 1994, en el que los habitantes de Bay State prohibieron el control de alquileres.
“Emergencia de viviendas sin precedentes”
“Estamos aquí porque enfrentamos una emergencia de vivienda sin precedentes”, dijo Connolly, un demócrata de Cambridge, afuera de la Cámara de Representantes mientras sostenía los documentos de certificación de Campbell. “Esta emergencia habitacional está desplazando a personas de nuestras comunidades, está expulsando a personas mayores y niños vulnerables. Mientras trabajamos en esta propuesta para levantar el control de alquileres, confiamos en los votantes de Massachusetts”.
El senador Jamie Eldridge, proponente de la cuestión electoral y patrocinador de la legislación de control de alquileres en Beacon Hill, dijo que se vio obligado a mudarse a otra comunidad de MetroWest después de que su alquiler se duplicara el año pasado. Más allá de Cambridge, Somerville y Boston, las comunidades más al oeste también están lidiando con el aumento de los alquileres, anotó Eldridge.
El legislador señaló que “hay mucho más trabajo por hacer en términos de reunir firmas y tomar decisiones estratégicas».
Los que se oponen al control de alquileres
Luego de la celebración de Connolly con los defensores del control de alquileres frente a la Cámara de Representantes, llovieron críticas de grupos inmobiliarios y de propietarios, entre otros opositores.
La Asociación de Pequeños Propietarios, que lideró la iniciativa para derogar el control de alquileres hace 30 años, está preparada para estar a la vanguardia de la oposición, dijo el vicepresidente Amir Shahsavari.
«Han creado un monstruo que destruirá la producción de viviendas», dijo Shahsavari, quien anticipa que su organización buscará recaudaciones de fondos por correo electrónico y otras estrategias destinadas a concientizar a los votantes sobre las «soluciones productivas» para impulsar la oferta de viviendas en el estado.
La pregunta electoral, dijo, se basa en el estereotipo de que los propietarios son codiciosos y no se preocupan por sus inquilinos.
“Es importante que la gente se dé cuenta de que ésta no es una opción de vivienda asequible”, dijo Shahsavari sobre la cuestión electoral. “A primera vista, puede sonar bien, pero no resuelve el problema de reducir los alquileres que se han vuelto más caros. El problema que tenemos ahora se debe al hecho de que tenemos una oferta reducida de viviendas que ha hecho subir los precios”.
La cuestión del control de alquileres “viola claramente” la Constitución del estado, dijo Greg Vasil, director ejecutivo de GBREB.
