La nueva regla del presidente Trump elimina las protecciones federales contra la discriminación sexual para las poblaciones vulnerables, incluidas las personas transgéneros, en virtud de la Ley de Asistencia Asequible.
La fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, se unió a 23 fiscales generales del país para demandar a la administración Trump por una nueva regla que, según dicen, socava gravemente las protecciones antidiscriminatorias a nivel federal para las personas LGBTQ, las mujeres y otras personas que buscan atención reproductiva, y aquellos con limitaciones en el dominio del inglés para el cuidado de la salud.
La demanda, codirigida por Maura Healey, la Fiscal General de Nueva York Letitia James y el Fiscal General de California Xavier Becerra, fue presentada contra el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) Alex Azar y el jefe de la Oficina de Asuntos Civiles del HHS Rights, Roger Severino, y alega que la nueva norma permite a los proveedores y aseguradores discriminar contra ciertas poblaciones vulnerables y protegidas al revertir la implementación de la Sección 1557 de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, que prohíbe la discriminación basada en la raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad por programas de salud o instalaciones que reciben fondos federales.
«La pandemia de COVID-19 está impactando desproporcionadamente a algunos de nuestros residentes más vulnerables, sin embargo, la Casa Blanca está avanzando con una regla que pone a estas comunidades en un riesgo aún mayor», dijo AG Healey. “Necesitamos enfocarnos en expandir el acceso a la atención, no en revertirla. Estamos demandando para garantizar que nuestros residentes no enfrenten barreras innecesarias o discriminatorias para acceder a los servicios de atención médica que necesitan».
La nueva regla revisa dramáticamente las regulaciones que implementan la Sección 1557 y elimina las protecciones contra la discriminación basada en el sexo y la identidad de género. La queja señala que, al excluir la identidad de género de las protecciones federales, la nueva regla ignora por completo la decisión de la Corte Suprema en el condado de Bostock v. Clayton, que sostuvo que la discriminación basada en la orientación sexual o el estado transgénero es discriminación sexual.
