El gobierno Biden terminó formalmente una política de inmigración de la era de Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México para las audiencias en la corte de inmigración de Estados Unidos.
Un memorando de siete páginas del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, marcó el fin de los «Protocolos de Protección de Migrantes», que devolvieron a México a unos 70.000 solicitantes de asilo desde enero de 2019 hasta que se detuvo en el primer día de gobierno del presidente Joe Biden, dos años después.
El anuncio parecía ser una conclusión inevitable después de que Biden prometiera como candidato poner fin a la política, conocida informalmente como «Permanecer en México», pero dejó una ventana abierta al ordenar una revisión antes de cerrarla definitivamente.
Mayorkas dijo que mantener la política intacta o modificarla «no sería coherente con la visión y los valores de esta Administración y sería un mal uso de los recursos del Departamento». Dijo que los costes superarían con creces cualquier beneficio.
La política coincidió con un fuerte descenso de solicitantes de asilo en la frontera, pero los críticos señalaron que las personas se veían obstaculizadas por las condiciones de violencia en México, la falta de acceso a abogados y la dificultad para llegar a los tribunales. Mayorkas reconoció esas preocupaciones al señalar el alto índice de solicitudes denegadas por no comparecer ante el tribunal y la falta de vivienda, ingresos y seguridad en México.
Desde el 19 de febrero, unas 11.200 personas con casos activos han sido autorizadas a regresar a Estados Unidos para esperar una resolución, un proceso que puede durar años en el atascado sistema judicial. La administración aún no ha dicho si otras decenas de miles de personas cuyos casos fueron desestimados o denegados tendrán otra oportunidad.
La administración ha mantenido en gran medida los poderes relacionados con la pandemia introducidos por el presidente Donald Trump en marzo de 2020 para expulsar a las personas a México sin una oportunidad de solicitar asilo, justificados por la protección de la salud pública. Mayorkas reconoció que está planeando levantar esos poderes relacionados con la pandemia, pero fue poco específico.
El secretario se refirió a un nuevo expediente en el tribunal de inmigración anunciado el viernes que pretende decidir los casos de asilo en la frontera en un plazo de 300 días. Prometió «otros cambios normativos y políticos previstos», sin dar más detalles
