- Demócratas y republicanos ratificaron la victoria de Donald Trump en las elecciones del pasado noviembre. Un proceso determinado en la legislación estadounidense, esta vez marcado por mayores medidas de seguridad.
El Senado y la Cámara de Representantes certificaron el 6 de enero la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre tras obtener 312 votos electorales. «El Congreso certifica nuestra gran victoria electoral, un gran momento en la historia», subrayó Trump mediante su plataforma Truth Social, una postura que contrasta enormemente con sus cuestionamientos y acusaciones hace cuatro años, cuando aseguró que su derrota frente a Joe Biden correspondió a un “fraude”.
La ratificación en el Congreso es considerada una formalidad, pero también es un paso crucial en un proceso que sella la victoria presidencial que, además, despeja el camino para que preste juramento el próximo 20 de enero en medio de grandes expectativas por sus amenazas de deportaciones masivas apenas tome el control del poder. Trump derrotó en las urnas a la vicepresidenta Kamala Harris, quien se creía favorita para alzarse con el triunfo. Las encuestas le daban la victoria.
La certificación de los resultados electorales este lunes en los 50 estados y el Distrito de Columbia se llevó a cabo en una breve ceremonia formal durante una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado. El encuentro tuvo lugar alrededor del mediodía. Y es que la ley establece que los legisladores deben reunirse en el pleno de la Cámara a la 1:00 p. m., hora de la costa este de EE. UU.
La sesión conjunta del Congreso siguió adelante incluso mientras una tormenta invernal se acercaba a Washington, que alberga la sede del Capitolio, amenazando con dejar caer alrededor de 15 centímetros de nieve y obstaculizar el tránsito.
Los resultados conocidos muestran que Trump ganó 312 votos del colegio electoral contra 226 de la vicepresidenta y excandidata demócrata, Kamala Harris. Y la certificación final respaldó esos hallazgos preliminares.
Los republicanos también obtuvieron la mayoría en el Senado y lograron mantener una estrecha ventaja en la Cámara de Representantes, lo que le dará a Trump margen de maniobra para implementar su agenda planeada de recortes de impuestos y una ofensiva contra los inmigrantes que viven en el país de forma irregular, una vez preste juramento el próximo 20 de enero.
La Ley de Recuento Electoral requiere que el Congreso se reúna el 6 de enero en una sesión conjunta para certificar los resultados de la elección. Según el texto de la norma, el Congreso estará en sesión “el sexto día de enero siguiente a cada reunión de los electores”.
Como es tradición, el vicepresidente del país debe encabezar la sesión en su calidad de presidente del Senado. Por tanto, este año, la excandidata demócrata y número dos del Ejecutivo, Kamala Harris, fue quien llevó la sesión en la que se certificó el triunfo de su rival republicano.
Se complican planes de deportaciones de Trump
Con un déficit presupuestario que supera los 230 millones de dólares, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) enfrenta serias limitaciones operativas. Esto pone en peligro los planes de deportaciones masivas de inmigrantes propuestos por Donald Trump en su regreso al poder el 20 de enero próximo.
El actual presupuesto de ICE, que asciende a 8.7 mil millones de dólares, se ha mostrado insuficiente para cubrir sus operaciones básicas, como detenciones y procedimientos legales. Según el director interino de ICE, P.J. Lechleitner, la agencia ya opera “al límite”, enfrentando desafíos que dificultan su capacidad para procesar un promedio de 7,000 casos por agente. Este contexto subraya la dificultad de implementar nuevas políticas migratorias en 2025 sin un incremento sustancial de fondos.
El principal reto para ICE es su déficit presupuestario, una situación que se ha intensificado en los últimos años debido a las políticas migratorias implementadas durante la administración de Joe Biden. La agencia ha redirigido más recursos para manejar el incremento de casos de inmigrantes que no califican para asilo, lo que ha generado un colapso en su capacidad operativa.
El plan de deportaciones masivas, que el American Immigration Council estima en 88 mil millones de dólares, exige un aumento considerable en la infraestructura de detenciones, personal y procesos legales.
