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Brian DePeña quedó en libertad bajo condiciones tras comparecer ante un tribunal federal. La Fiscalía sostiene que utilizó fondos de un préstamo empresarial de la pandemia para gastos personales y políticos.
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Sus defensores cuestionan esa interpretación y recuerdan que se trata de acusaciones que todavía deben probarse ante la justicia.
El arresto del alcalde Brian DePeña el viernes 14 de agosto abrió uno de los capítulos políticos y judiciales más delicados de los últimos años en Lawrence. El funcionario enfrenta 2 cargos federales relacionados con el manejo de más de $1.5 millones obtenidos mediante el programa de préstamos Economic Injury Disaster Loan, conocido como EIDL, administrado por la Small Business Administration durante la pandemia de COVID-19.
DePeña, de 61 años, fue arrestado en su residencia y posteriormente trasladado al Tribunal Federal de Boston. Horas después quedó en libertad bajo condiciones mientras continúa el proceso. Entre ellas figuran la entrega de su pasaporte y la prohibición de solicitar nuevos préstamos sin autorización judicial.
Detención violenta genera críticas
La detención y las imágenes de los daños visibles en la entrada de su residencia provocaron críticas entre algunos residentes y personas cercanas al alcalde, quienes cuestionaron la necesidad de utilizar ese procedimiento para detener a un funcionario público que, según sostienen, podría haberse presentado voluntariamente ante las autoridades.
Sin embargo, hasta el momento no existe información pública suficiente que permita concluir que el procedimiento utilizado durante el arresto fue ilegal o injustificado.
Lo que sostiene la Fiscalía
El caso federal se concentra en los préstamos obtenidos para Tenares Tire Services Inc., empresa vinculada a DePeña. Según las autoridades, inicialmente recibió aproximadamente $150,000 del programa EIDL en 2020 y posteriormente solicitó aumentos del financiamiento hasta superar los $1.5 millones.
La Fiscalía sostiene que parte sustancial de ese dinero no terminó siendo utilizada para las necesidades comerciales de Tenares Tire.
Entre las operaciones señaladas por los investigadores se encuentran más de $880,000 destinados presuntamente a cancelar hipotecas de alto interés sobre distintas propiedades, aproximadamente $90,000 dirigidos a su campaña para alcalde de 2021 y fondos utilizados para pagar obligaciones tributarias personales.
Para las autoridades federales, el punto central no es simplemente que DePeña haya recibido un préstamo que debe devolver. La acusación sostiene que obtuvo y posteriormente utilizó dinero de un programa federal para propósitos distintos de aquellos autorizados y que realizó declaraciones o transacciones que, según los investigadores, constituyen delitos federales.
Caso se encuentra en una etapa inicial
DePeña no ha sido condenado por estas alegaciones. El caso se encuentra en una etapa inicial y las afirmaciones contenidas en la denuncia criminal representan la versión de los investigadores y fiscales, no hechos determinados definitivamente por un juez o jurado.
La posición de sus defensores
Personas allegadas al alcalde sostienen una interpretación diferente. Argumentan que los recursos del EIDL eran préstamos y no subvenciones, que existía obligación de devolverlos y que parte del dinero fue utilizado para atender deudas relacionadas con actividades comerciales y propiedades.
También sostienen que DePeña continúa pagando el préstamo y cuestionan que determinadas operaciones sean presentadas públicamente como “lavado de dinero” cuando, desde su perspectiva, se trató de utilización de capital prestado para enfrentar obligaciones financieras.
Ese argumento, sin embargo, requiere una precisión importante.
Fondos del programa COVID EIDL eran préstamos
Es correcto que los fondos principales del programa COVID EIDL eran préstamos y, a diferencia de determinadas ayudas de otros programas de la pandemia, debían ser pagados. Los préstamos podían extenderse hasta 30 años y para empresas tenían una tasa fija de 3.75%.
También es cierto que las reglas sobre utilización de los fondos fueron ampliadas durante la pandemia. Desde septiembre de 2021, la SBA permitió utilizar fondos COVID EIDL para pagar diferentes formas de deuda empresarial, incluyendo pagos y prepagos de determinadas deudas comerciales.
Por ello, afirmar de manera general que el programa prohibía pagar cualquier deuda empresarial tampoco sería preciso.
Pero esa ampliación no significaba que el dinero pudiera utilizarse libremente para cualquier finalidad. Los fondos continuaban sujetos a reglas y condiciones, y la distinción entre una deuda legítimamente empresarial y una obligación personal o política será uno de los elementos relevantes para determinar la responsabilidad penal en este caso.
La defensa tendrá oportunidad de cuestionar la interpretación de la Fiscalía, la naturaleza de las propiedades y obligaciones pagadas, el destino de cada transferencia, las declaraciones realizadas al solicitar los aumentos del préstamo y, especialmente, si existió intención de defraudar al Gobierno federal.
Un proceso que recién comienza
Tras abandonar el tribunal, DePeña hizo declaraciones muy limitadas. Su abogado, Carlos Apostle, evitó discutir públicamente los detalles del caso. Cuando se le preguntó al alcalde sobre su futuro político, tampoco anunció una renuncia.
Ese silencio no debe interpretarse como aceptación de los cargos. En un proceso penal federal es habitual que los abogados recomienden a sus clientes no discutir públicamente los hechos que posteriormente serán examinados en los tribunales.
DePeña continúa siendo alcalde de Lawrence y fue reelegido en noviembre de 2025, después de haber llegado por primera vez a la alcaldía en 2021. Antes había servido como concejal municipal.
«Su violenta detención lo veo como destruir a una comunidad»
Personas cercanas al funcionario sostienen que el caso está afectando no solamente su imagen personal, sino también la percepción pública de Lawrence.
“Su violenta detención por agentes federales lo veo como una manera de destruir la imagen de una comunidad, no la imagen del alcalde, que su desempeño es pasajero, sino de toda una ciudad”, expresó una persona allegada a DePeña.
Sus defensores destacan además los cambios experimentados por Lawrence durante los últimos años y consideran injusto que el proceso contra un funcionario termine proyectándose como una valoración negativa de toda la ciudad.
La investigación federal, sin embargo, está dirigida contra DePeña y las operaciones financieras descritas en la denuncia. Las acusaciones contra un funcionario electo no constituyen jurídicamente una acusación contra Lawrence ni contra sus residentes.
Otro frente de investigación
El caso de los préstamos EIDL tampoco debe confundirse con otra investigación que ha rodeado a la administración municipal durante 2026.
Desde abril, la oficina de la fiscal general de Massachusetts investiga denuncias relacionadas con posibles grabaciones de audio realizadas dentro del Ayuntamiento de Lawrence. Las autoridades ejecutaron órdenes de registro y retiraron equipos relacionados con el sistema de grabación. En mayo se ejecutó otra orden de registro en la oficina del alcalde.
DePeña ha negado previamente tener conocimiento de grabaciones de audio realizadas fuera de su oficina.
Hasta la información pública disponible al 18 de agosto, esa investigación estatal debe tratarse separadamente del proceso federal por los fondos EIDL. No corresponde afirmar que DePeña enfrenta cargos criminales por las grabaciones mientras las autoridades no presenten formalmente tales cargos.
Preocupación y respaldo en Lawrence
La situación ha generado posiciones encontradas.
Algunos residentes y dirigentes consideran que las acusaciones federales son suficientemente graves como para generar dudas sobre la continuidad política del alcalde. Otros sostienen que DePeña merece la oportunidad de defenderse y que una denuncia criminal no equivale a una condena.
Entre sus simpatizantes también existe malestar por la forma del arresto.
“Hay formas en que se pudieron haber hecho este tipo de investigaciones con prudencia y con respeto”, manifestó una persona cercana al alcalde, quien considera que una citación para comparecer habría evitado el impacto generado por el operativo.
Desde la perspectiva de las autoridades federales, en cambio, el caso involucra recursos públicos creados específicamente para sostener empresas afectadas por una emergencia nacional. El FBI ha señalado que el presunto uso de esos fondos para beneficio personal o político constituye una violación de la confianza pública.
Será finalmente el proceso judicial, y no el debate político o mediático, el que determine cuál de estas posiciones está respaldada por las pruebas.
