- Alcaldesa Michelle Wu busca proteger una subvención federal de 20 millones de dólares para mejoras en la infraestructura vial de Roxbury.
La ciudad de Boston presentó una demanda impugnando el retiro ilegal por parte de la Administración Trump de una subvención federal de 20 millones de dólares para mejoras cruciales en la infraestructura vial a lo largo de tres importantes corredores en Roxbury. La subvención, otorgada a la ciudad en 2022 bajo el Programa de Subvenciones para la Reconstrucción de la Infraestructura Estadounidense con Sostenibilidad y Equidad (RAISE), financiaría el proyecto de Corredores Resilientes de Roxbury, que incluye mejoras en el estado de conservación, seguridad, transporte, accesibilidad y flujo vehicular en Melnea Cass Boulevard, Malcolm X Boulevard y Warren Street.
“Luchamos por cada dólar de inversión para mejorar la calidad de vida de los residentes, quienes se desplazan diariamente y las empresas de Roxbury”, dijo la alcaldesa Michelle Wu. “Boston obtuvo esta subvención competitiva para satisfacer las necesidades de la comunidad y abordar las mejoras de infraestructura que se necesitan desde hace tiempo. La ciudad de Boston seguirá luchando contra los ataques federales ilegales e instamos al tribunal a revocar las acciones ilegales de la administración Trump y restablecer estos fondos cruciales para Roxbury”.
“Prueba más del desprecio”
“Estos fondos son una inversión esencial para Roxbury y la cancelación ilegal de esta subvención es una prueba más del desprecio de Sean Duffy y Donald Trump por las personas a las que servimos”, afirmó la congresista Ayanna Pressley (MA-07). “Nuestros ciudadanos deben poder desplazarse a donde necesitan ir, y el transporte público es un bien público. La ley está de nuestro lado, y esta demanda es un paso crucial en la defensa de este proyecto”.
La congresista Pressley subrayó que “no había ninguna razón válida para retirar estos fondos; el Departamento de Transporte (DOT) debería rectificar para que podamos impulsar este proyecto, mejorar la vida diaria de los usuarios del transporte público y fortalecer la resiliencia climática de las comunidades vulnerables, tal como lo dispuso el Congreso”.
La demanda busca revocar la decisión del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT), tomada en septiembre de 2025, de cancelar la subvención de 20 millones de dólares otorgada a la ciudad. Al retirar abruptamente la subvención, la ciudad argumenta que el DOT actuó en contra de las instrucciones del Congreso, que creó el programa de subvenciones.
Pastor de Iglesia Bautista pide restituir subvención
“Durante décadas, Roxbury ha esperado importantes inversiones para mejorar nuestras carreteras y aceras, plantar más árboles y crear espacios públicos, y garantizar la seguridad de nuestras familias. Estos fondos federales son cruciales para llevar a cabo las mejoras tan necesarias, facilitando que todos, pero especialmente nuestros niños y ancianos, respiren aire limpio y se desplacen con seguridad a donde necesiten en su comunidad”, subrayó el reverendo Willie Bodrick II, pastor principal de la Iglesia Bautista Twelfth y presidente y director ejecutivo de The American City Coalition.
La demanda de la ciudad argumenta que la decisión abiertamente política del Departamento de Transporte fue ilegal. El Congreso creó el programa RAISE con el objetivo explícito de realizar inversiones en transporte y medio ambiente en comunidades históricamente desatendidas. El proyecto de Corredores Resilientes de Roxbury se diseñó precisamente para eso, aportando mejoras necesarias en seguridad, gestión del tráfico y calidad de vida a algunos de los corredores más transitados de Roxbury.
“Decisión arbitraria e ilegal”
“Boston perdió una subvención de infraestructura de 20 millones de dólares por la instalación de cargadores para vehículos eléctricos, que representaban una fracción del 1% de los fondos, infraestructura que el propio gobierno federal impulsó”, declaró Toby Merrill, director de litigios de Public Rights Project. “Esa decisión es arbitraria e ilegal. Las agencias federales no pueden reescribir las normas del Congreso ni sus compromisos con las ciudades para adaptarlos a prioridades políticas cambiantes, especialmente cuando los residentes son quienes pagan las consecuencias. Public Rights Project se enorgullece de representar a Boston en la defensa de sus residentes”.
La demanda de la Ciudad, *City of Boston v. Duffy*, se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts (número de expediente 1:26-cv-14419). La Ciudad está representada por abogados del Departamento Legal de la Ciudad de Boston y por abogados *pro bono* de Public Rights Project.
