“El teléfono que intentaron silenciar: cómo ICE y el Departamento de Seguridad Nacional apuntaron contra un abogado de inmigración de Boston por alzar la voz”
Se suponía que sería solo otro vuelo de domingo por la noche. Pero cuando el abogado de inmigración Andrew Lattarulo bajó de su vuelo de JetBlue procedente de Aruba en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, cuatro agentes federales lo esperaban. En cuestión de minutos, su iPhone 15 Pro Max —un dispositivo lleno de comunicaciones confidenciales con sus clientes— había desaparecido.
Los agentes, pertenecientes a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), no mencionaron ninguna orden judicial ni causa probable. Simplemente le dijeron a Lattarulo que si no entregaba el teléfono, se lo quitarían “con o sin su cooperación”.
Lattarulo, un reconocido abogado de inmigración conocido por su defensa férrea de los migrantes y por sus duras críticas a las prácticas de ICE, cree que esto no fue una coincidencia.
“Querían intimidarme —y, por extensión, silenciar a quienes defienden a las comunidades inmigrantes—”, declaró a través de sus abogados.
Un abogado señalado por sus palabras
Las redes sociales de Lattarulo, seguidas por decenas de miles de personas en Massachusetts y más allá, se han convertido en un salvavidas para los inmigrantes que intentan navegar un sistema hostil.
Sus publicaciones denuncian abusos en centros de detención, alertan sobre tácticas de ICE y exponen lo que él describe como “una cultura del miedo convertida en herramienta política”.
Su visibilidad —y sus críticas al programa migratorio del presidente Donald Trump— podrían haberlo convertido en un blanco.
La demanda que presentó días después de la incautación acusa a los agentes federales de violar sus derechos de la Primera y Cuarta Enmienda, y posiblemente también los de sus clientes.
“La incautación ocurrió ocho horas después de que ya había pasado por aduanas”, señala la denuncia. “El teléfono fue confiscado ilegalmente y probablemente examinado en violación de las protecciones constitucionales.”
El tribunal responde — por ahora
En un gesto inusual, la jueza federal Allison D. Burroughs otorgó a Lattarulo una Orden de Restricción Temporal (TRO), bloqueando al gobierno de registrar o analizar cualquier dato del teléfono.
La orden subraya la gravedad del asunto: la inviolabilidad del privilegio abogado-cliente y el derecho de los abogados a cuestionar los abusos del gobierno sin temor a represalias.
El abogado Patrick Hanley, representante de Lattarulo, lo expresó claramente:
“Creemos que el abogado Lattarulo fue objeto de represalias porque representa a inmigrantes —y porque usa su voz para denunciar las tácticas del propio gobierno. La crítica pública al gobierno es un derecho protegido. Este caso trata de defender ese principio.”
Un patrón de intimidación
No es la primera vez que un abogado de inmigración se encuentra en la mira federal.
En 2021, el abogado texano Adam A. Malik enfrentó una incautación similar. El Quinto Circuito posteriormente falló a favor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permitiendo que un “equipo filtrante” revisara los materiales confidenciales —un precedente que muchos expertos legales consideran una erosión del privilegio abogado-cliente.
Grupos de libertades civiles advierten que estas incautaciones reflejan una peligrosa normalización de la vigilancia y la intimidación legal en las zonas fronterizas.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha documentado repetidamente casos en los que abogados, periodistas y activistas de inmigración fueron seleccionados para revisiones secundarias —no por representar amenazas de seguridad, sino por su trabajo.
El efecto paralizador
El caso de Lattarulo toca el corazón de una pregunta mayor:
¿Pueden los abogados seguir desafiando al gobierno de manera segura cuando el propio gobierno controla las fronteras —y los datos?
Su teléfono, ahora bajo sello judicial, contiene no solo mensajes personales, sino evidencias de solicitudes de asilo, testimonios y comunicaciones con clientes que temen la deportación.
“Si esa información saliera a la luz,” dijo una defensora de inmigrantes, “podría destruir vidas.”
A pesar de la victoria legal, Lattarulo se mantiene cauto.
“Querían enviar un mensaje,” dijo a los reporteros. “Ese mensaje fracasó —porque no voy a retroceder.”
El silencio desde Washington
Hasta el momento de esta publicación, Seguridad Nacional, ICE y CBP se han negado a comentar sobre el caso.
El Departamento de Justicia no ha indicado si apelará la orden judicial.
Para Lattarulo y quienes lo apoyan, este momento representa algo más que un teléfono: representa el derecho a decir la verdad al poder sin ser tratado como un sospechoso.
En una época en la que un teléfono inteligente puede ser tanto el maletín de un abogado como el megáfono de los sin voz, la pregunta persiste:
¿Qué sucede cuando el gobierno decide que defender a los desamparados te convierte en una amenaza?.
