Por Max Torres
La primera vez que visité Venezuela fue en el año 1979 por la transmisión de mando del entonces presidente Luis Herrera Campins. Eran tiempos de oro, los venezolanos se bañaban en petróleo, eran tiempos de bonanza. Con mi amigo y colega Calmet ya desaparecido nos reunimos en Caracas, estaba trabajando para la agencia de Noticias France Press. Por esa época muchos peruanos cambiaron el Perú por Venezuela buscando un futuro mejor. ¿Quién lo diría? Ahora ocurre lo contrario, están por todo el mundo como hijos de nadie y según las Naciones Unidas, hay más de 7,7 millones que han dejado su suelo patrio buscando protección y una vida mejor.
En Estados Unidos se estima que hay más de medio millón de venezolanos y, según me decían dos abogados de inmigración, Daniel Gazzani y Daniel Lattarulo, de las oficinas de George/Cote Law de Chelsea, la ciudad con más del 70 por ciento de población inmigrante, “estamos viendo la frontera sur abarrotada de inmigrantes de ese país, es gente que no tiene adónde volver y ven a Estados Unidos como la tabla de salvación”. Cuanto daño le ha hecho a su país el dictador comunista, Nicolás Maduro.
Ahora la decisión del gobierno del presidente Joe Biden de extender el TPS para los venezolanos que ingresaron a territorio norteamericano antes del 31 de julio del 2023 tendrá “un impacto positivo enorme” para esta comunidad inmigrante que en los últimos años ha crecido vertiginosamente. “El TPS es una garantía de que no serán deportados”, me decía el abogado Gazzani de origen venezolano. Muchos de los venezolanos se encuentran en solicitudes de asilo, procesos de deportación o apelaciones.
Pero no son los únicos, hay una crisis migratoria galopante al punto que la presidenta del Senado de Massachusetts, Karen Spilka, se hizo eco del llamado de la gobernadora Maura Healey de “más ayuda y acción federal para socorrer a los nuevos inmigrantes, estas son familias, estas son madres con hijos. Más de la mitad de los migrantes son niños. Y necesitamos ayuda, Massachusetts necesita ayuda”.
La administración de Healey había pedido al gobierno federal una ayuda adicional de $250 millones más para refugios de emergencia y la expansión de los servicios legales. También había solicitado “permisos de trabajo” para que los nuevos inmigrantes bailen con su pañuelo y no reciban asistencia de alojamiento en refugios o hoteles y alimentación. El costo es sin duda alguna para los contribuyentes. Healey ha dicho que “hay trabajo en Massachusetts” y lo que quiere es ponerlos a trabajar para que puedan ser autosuficientes.
Como consecuencia de la crisis migratoria se estaría considerando eliminar la ley de “derecho al refugio” que garantiza viviendas y otros recursos del estado a los inmigrantes indocumentados recién llegados. Algunos legisladores argumentan que esa ley atrae a los inmigrantes al estado. Pero la presidenta del Senado descartó esa apreciación. “Ese no es el factor, eso no está atrayendo a los migrantes que vienen, porque otros estados que no la tienen están experimentando exactamente la misma afluencia de migrantes”.
“Creo que el factor es lo que está sucediendo a nivel mundial. Y la gente que viene a los Estados Unidos termina en Massachusetts, Nueva York, Connecticut y muchos otros estados de nuestro país”, según Spilka.
Lo cierto es que hay más de 20,000 nuevos inmigrantes en Massachusetts, no solo venezolanos sino de los diferentes países de América Latina que viven en refugios o en albergues. Nunca antes se había visto una situación semejante y la primera casa que tocaron al inicio de esta ola migratoria fue la Colaborativa de Chelsea, una de las organizaciones proinmigrantes que muchos identifican por el gran apoyo que dio a los inmigrantes en los tiempos de la pandemia del COVID-19.
¡Sigamos cuidándonos! Sin salud mental, no hay salud.
Maximo Torres
Editor, El Mundo Boston
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