Aprueben la ley Equidad de Vivienda por el COVID-19.
Maximo Torres
Editor, El Mundo Boston
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El fin de la moratoria a los desalojos que expiró el 31 de julio ha puesto en jaque mate a unas 20,000 familias, muchas de ellas de origen latino, que se verían en la calle si es que los legisladores estatales no actúan con la mayor celeridad y aprueban la ley Equidad de Vivienda por el COVID-19 para evitar desalojos masivos en los próximos meses.
Esa sería la única salida o señal de esperanza para miles de personas que como consecuencia de la pandemia no han podido pagar el alquiler de sus apartamentos, en Massachusetts. A nivel nacional, la situación también se ha complicado debido a que el gobierno del presidente Biden se quedó sin opciones luego de que la Corte Suprema le fijara como última fecha de extensión de la moratoria el fin del mes pasado.
En los últimos días, los defensores de los inquilinos integrados en City Life/Vida Urbana y otras organizaciones se han movilizado por distintos sectores de la ciudad de Boston pidiendo a la gente que llame a sus legisladores para la aprobación de la ley en cuestión porque, según dicen, una nueva extensión de la moratoria no sería la solución al grave problema que enfrentan los inquilinos.
Según la Casa Blanca, Biden hubiera preferido extender la moratoria federal a los desalojos por la diseminación de la variante delta del coronavirus que es altamente contagiosa, pero se quedó sin armas para hacerlo y ahora está pidiendo al Congreso “extender la moratoria”.
Sin embargo, activistas de City Life sostienen que “ni la moratoria federal ni la ayuda de la renta son la solución para evitar los desalojos”, por lo que piden a los legisladores de Massachusetts actuar de inmediato para “salvar a mucha gente de que pierda sus apartamentos. Sólo el proyecto de ley de Equidad de la Vivienda lo podría hacer”.
Mientras no hay nada en concreto, la alcaldesa de Boston, Kim Janey, ha salido a decir que “los fondos todavía están disponibles” para ayudar a los inquilinos de Boston a permanecer en una vivienda estable durante la pandemia del COVID-19”, así como a los propietarios de vivienda preocupados por la ejecución hipotecaria.
Pero ese “salvavidas” de Janey solo alcanzaría a los residentes de Boston dejando al resto de afectados en Massachusetts sumergidos en un mar de preocupaciones por las dificultades económicas que enfrentan.
Según una encuesta realizada por la Oficina del Censo, para el 5 de julio unos 3.6 millones de personas en el país enfrentan la posibilidad de un desalojo en los siguientes dos meses debido a que muchos están retrasados en el pago de alquileres.
En una reciente marcha por las calles de East Boston, varias familias decían que habían recibido órdenes de desalojo pese a estar al día con el pago de la renta y en una conferencia de prensa en la Casa del Estado, activistas de City Life/Vida Urbana reclamaban a los legisladores mayor acción para evitar desalojos masivos en las comunidades más vulnerables.
Lo cierto es que de los 47,000 millones de dólares que se habían asignado para ayudar a los inquilinos a pagar los meses de alquiler atrasados, hasta junio último los estados y localidades solo habían distribuido unos 3,000 millones de una primera partida de 25,000 millones. ¿Por qué el retraso? ¿Por qué no soltar el dinero a las familias que lo necesitan?
¿Sigamos cuidándonos! La vacuna salva vidas.
