- Mientras la crisis de la vivienda asequible devasta a las comunidades de bajos ingresos, una demanda desafía a los proveedores de viviendas que se niegan a alquilar a beneficiarios de viviendas subsidiadas.
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20 propietarios y corredores de vivienda en el banquillo
El peso de la ley. Housing Rights Initiative (“HRI”), un grupo de vigilancia de la vivienda sin fines de lucro, demandó simultáneamente a veinte propietarios y corredores de bienes raíces del área de Boston, por discriminación generalizada contra inquilinos de bajos ingresos. La demanda, la primera de su tipo en Massachusetts, se hizo ante el Tribunal Superior de Suffolk por Lawyers for Civil Rights (“LCR”) y Handley Farah & Anderson PLLC (“HFA”).
La demanda sostiene que los propietarios y corredores demandados se niegan a alquilar apartamentos a inquilinos de bajos ingresos con vales de vivienda subsidiados por el gobierno, comúnmente conocidos como vales de “Sección 8”, que la ley prohíbe específicamente.
Aprovechando investigaciones de pruebas de derechos civiles, Housing Rights Initiative utilizó “probadores” para descubrir las prácticas de los acusados. Al identificarse como posibles inquilinos, los evaluadores de HRI se pusieron en contacto con propietarios y corredores para preguntar sobre los listados de apartamentos.
Los denunciantes alegan que los demandados dijeron abierta e ilegalmente a los evaluadores que no aceptarían vales de Sección 8. La denuncia incluye decenas de capturas de pantalla condenatorias de mensajes de texto que muestran explícitamente esta discriminación ilegal.
Ayudar a las familias de bajos ingresos
Los vales de vivienda están diseñados para ayudar a las familias de bajos ingresos a conseguir una vivienda de calidad en su vecindario preferido subsidiando una parte del alquiler. En medio de una crisis de vivienda asequible en todo el estado, que perjudica desproporcionadamente a las comunidades de color, los vales son a menudo la única manera para que miles de familias obtengan y mantengan «un techo sobre sus cabezas», según los denunciantes.
El estatuto antidiscriminación del Commonwealth {G.L. C. 151B) prohíbe específicamente a los propietarios discriminar a los solicitantes por utilizar vales de vivienda.
“Esta demanda de vivienda justa más grande por tamaño en la historia de Massachusetts envía un mensaje claro a todos los propietarios y corredores del estado que discriminan a familias y niños con vales de vivienda”, dijo Aaron Carr, fundador y director ejecutivo de Housing Rights Initiative.
«Esta demanda no sólo pretende responsabilizar a veinte acusados por su deplorable conducta sino servir como advertencia a todos los proveedores de vivienda locales de que la discriminación con vales es ilegal y no será tolerada», concluyó Jacob Love, abogado de Lawyers for Civil Rights. Los infractores de vivienda justa serán llevados ante la justicia.
